Ante reclamo de justicia a los periodistas asesinados, gobierno crea más burocracia

¿Cuántos más van a caer en el cumplimiento de su labor periodística, señor presidente, señores gobernadores, señores procuradores, señores fiscales? ¿Acaso no son suficientes los 36 comunicadores asesinados durante el actual sexenio, todos ellos sin ser esclarecidos y sobre los cuales hay un manto enorme de impunidad?

Esa cifra solo pone en evidencia que los diversos mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos han sido un rotundo fracaso. Como muestra basta un botón.

En los primeros cinco meses del año, siete representantes de los medios de comunicación han sido silenciados por las balas de la sinrazón y la delincuencia organizada.

Esto coloca al 2017, como el segundo año, junto con 2015, en donde más periodistas han sido asesinados en este país durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El primer lugar se lo llevó 2016, con 11 homicidios de comunicadores.

Apenas esta semana que terminó fueron acribillados a tiros dos profesionistas de la comunicación: Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada en el estado de Sinaloa y fundador del semanario RíoDoce, y con horas de diferencia Jonathan Rodríguez Córdova, reportero del medio local jalisciense El Costeño de Autlán.

“¡Ya basta!”, es el clamor generalizado de la prensa mexicana que se ve asediada por quienes pretenden callarla, ya sea desde los tres niveles de gobierno: federal, estatal o municipal, o por los miembros de la delincuencia organizada que observan cómo se afectan sus intereses.

Bla, bla, bla y puro bla

Este clima elevado de violencia y agresiones contra los periodistas llegó a grado tal que el presidente Peña Nieto anunció el miércoles 17 de mayo una serie de acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, el grado de desilusión fue enorme. A ese importante acto brillaron por su ausencia los realmente interesados: los propios periodistas; no hubo representantes del gremio, simplemente estuvieron en la mesa EPN y su séquito de colaboradores del gabinete de Seguridad, así como 25 de los 32 mandatarios estatales.

Pidió a los asistentes reunidos en el salón Adolfo López Mateos, de Los Pinos, ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de los periodistas muertos recientemente; mientras, del “corral” de prensa, atiborrado de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, se escucharon unas voces que reclamaron al Ejecutivo: “Justicia. Que se haga Justicia”.

Las expresiones a grito abierto provocaron que elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) de inmediato comenzaran a tomar fotografías de los representantes de los medios de comunicación, como una manera de intimidar por la forma en que increparon al presidente de la República, quien hizo una mueca de desaprobación y ya no terminó su introducción para honrar a los informadores asesinados.

Nuevas medidas: más burocracia, “fiscalititis” y MPS “especializados”

El jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña dio a conocer las medidas que a nivel federal serán implementadas para garantizar la protección de los periodistas y los defensores de derechos humanos.

PRIMERA: “Se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas…Este contará con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren los periodistas y defensores de los derechos humanos”.

SEGUNDA: “Se establecerá un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación. Su objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos…”.

TERCERA: “Fortaleceremos la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, a través de las siguientes medidas:

Habrá más personal y mejor capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.

Establecimiento de mecanismos de contacto y diálogo con la sociedad civil y el gremio periodístico, que impulsen la confianza y la colaboración.

Revisión e impulso permanente de las investigaciones en proceso, garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Coordinación transversal entre autoridades locales y federales para garantizar la inmediata atención de los delitos con una perspectiva de derechos humanos.

Apoyo a las entidades en la creación de unidades o Ministerios Públicos especializados en materia de libertad de expresión dentro de sus fiscalías y procuradurías, los cuales serán clave para cerrar el paso a la impunidad.

Creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Estas propuestas buscan fortalecer las capacidades institucionales para brindar un entorno de seguridad y dignidad a la labor periodística.

Una larga lista de víctimas

Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y fundador del semanario RíoDoce, cayó abatido al mediodía del lunes 15 de mayo por al menos 12 disparos de arma de fuego.

Jonathan Rodríguez Córdova, reportero de El Costeño, fue emboscado junto con su madre Sonia Córdova, subdirectora comercial y esposa del dueño de ese periódico, por un grupo de sicarios que les dispararon en repetidas ocasiones. El joven murió en el lugar, mientras la mujer se encuentra gravemente herida.

En abril, dos periodistas más fueron asesinados. Filiberto Álvarez, conductor del programa radiofónico “Poemas y Cantares” en la estación La Señal de Jojutla, del municipio de Tlalquitenango, Morelos, fue muerto de cinco balazos en la entrada del balneario El Rollo.

El 15 de abril, Maximino Rodríguez, quien trabajaba para el Colectivo Pericú, un blog de denuncia ciudadana y noticias sobre corrupción, fue asesinado a tiros afuera de una tienda, en Baja California Sur.

Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del diario Norte Digital de Ciudad Juárez. Fue muerta por hombres armados cuando salía de su domicilio particular a bordo de una camioneta para llevar a su hijo al colegio.

El 19 de ese mismo mes en Veracruz, Ricardo Monluí Cabrera, autor de la columna Crisol en El Sol de Córdoba, director de El Político y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, perdió la vida cuando dos sujetos le dispararon al salir de un restaurante de la localidad de Yanga.

En Ciudad Altamirano, Guerrero, el 2 de marzo, Cecilio Pineda Brito, director de La Voz de Tierra Caliente y colaborador de El Universal, también fue silenciado por las balas que dispararon dos jóvenes desde una motoneta cuando esperaba su camioneta en un autolavado.