En el país 4 mil 676 servidores públicos omiten su declaración patrimonial, lo que puede constituir la destitución del puesto frente a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida también como Ley 3de3.
Esta cifra para Germán Reyna Y Herrero, Socio Director de ARH Consultores, indica la falta de una cultura del blindaje por parte de los servidores públicos a nivel municipal, estatal o federal, quienes ante la carencia de una estrategia, probablemente prefieren omitir su declaración.
Lo anterior de acuerdo a datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, realizado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el cual también establece que en total se determinaron 15, 679 sanciones a los servidores públicos, siendo la omisión de la presentación de la declaración patrimonial, la primera con un 29.8 por ciento; en tanto la negligencia administrativa ocupa el segundo lugar con un 15. 9 por ciento por ciento; la tercer sitio es la violación a leyes de normatividad y presupuestaria con un 14.9 por ciento y el nepotismo con menos del 1 por ciento. Así mismo, el 39.1 por ciento restante se cataloga como “otras cometidas con motivo del servicio público”.
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