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Falta estrategia al combate de inseguridad y robo de combustible: González Cervantes

Samuel Vera Cortés 2017-05-24 - 14:44:10

La seguridad pública es uno de los rubros de mayor interés y preocupación ciudadana, pero el problema va al alza y probablemente se debe a la ausencia de estrategias claras y amplias que permitan prevenir su ejecución, identificar y sancionar a todos los involucrados, incluidos trabajadores y servidores públicos coludidos, señaló la diputada Geraldine González Cervantes, al presentar un posicionamiento en torno al robo de combustible.

Señaló que es urgente atender las causas que orillan a la sociedad a solapar o participar en la ejecución o encubrimiento de los delitos, "la deficiencia en diferentes sectores es capaz de afectar no sólo la tranquilidad de los poblanos, sino distorsionar el funcionamiento del Estado, la industria, así como el desarrollo económico, laboral, social, educativo y de servicios".

Dijo que de acuerdo a informes de PEMEX, en más de una ocasión Puebla se ubicó en el primer sitio a nivel nacional con mayor número de tomas clandestinas, pero en la actualidad, la entidad poblana es segundo sitio a nivel nacional con mayor número de “ordeñas”, sólo detrás de Tamaulipas.

Con 3 mil 46 tomas detectadas, en Puebla el crimen organizado se ha instalado, fortalecido, ha corrompido a parte de la población, a autoridades, corporaciones policiacas, trabajadores de la industria petrolera, quienes por interés o temor se involucran en dichas actividades.

En la medida que la sociedad evoluciona, se presentan nuevas modalidades del delito, algunas sustentadas en la creación de redes criminales en las que se ven involucrados ciudadanos y autoridades,en el caso de la perforación de los ductos de Petróleos Mexicanos -PEMEX-, y el robo de hidrocarburo, específicamente de gasolina, resultan urgentes medidas de educación y cultura.

Lo cierto, aseguró, es que el problema va al alza y posiblemente se debe a la ausencia de estrategias claras y amplias que permitan prevenir su ejecución, identificar y sancionar a todos los involucrados, incluidos trabajadores y servidores públicos coludidos,sobre todo, atender las causas que orillan a la sociedad a solapar o participar en la ejecución o encubrimiento de los delitos mencionados.