Ante abusos de despachos de cobranza, la Condusef orienta y ayuda

Debido a las casi ocho mil reclamaciones por malas prácticas de cobranza reportadas de enero a abril de 2017, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó los pasos a seguir para presentar una queja por amenazas de algunos despachos.

Según el portal de la Condusef, el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) es un sistema electrónico que contiene información sobre despachos de ese tipo, los cuales actúan entre las entidades financieras y los deudores para requerir deudas de forma algunas veces indebida. Con dicho registro, el público puede conocer información relativa a los despachos como denominación o razón social, domicilio, teléfonos y correo electrónico que utilizan para realizar dicha actividad, de los cuales las entidades financieras se apoyan para gestionar el cobro de sus créditos, préstamos o financiamientos.

De acuerdo con la Condusef, cualquier persona puede presentar su queja contra dichas entidades financieras a través de la Redeco y recibir respuesta por el mismo sistema a través de la página de Internet www.gob.mx/condusef, identificando plenamente el nombre, denominación o razón social del despacho de cobranza y de la persona encargada de realizar dicha actividad.

También se debe proporcionar el domicilio, número telefónico y nombre de las personas responsables de la cobranza, la entidad financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento de que se trate, así como el contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción del cobro.

La Comisión advirtió que entre las cosas que no deben hacer los despachos está utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a las de instituciones públicas, usar números de teléfono que aparezcan en el identificador de llamadas como "confidencial", "oculto", "privado" o con cualquier otra denominación que imposibilite su identificación.

Todos los números que utilicen deberán ser sólo los registrados en el Redeco, y bajo ningún motivo deben amenazar, ofender o intimidar al deudor, a sus familiares o compañeros de trabajo que no tenga relación con la deuda.

Asimismo, no deberán enviar documentos que aparenten ser de tipo judicial o que se ostenten como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad, y no podrán realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración con menores de edad o personas adultas mayores, a menos que este último sea el deudor.