Hidalgo tiene una de las zonas más contaminadas de América Latina. En Tula-Tepeji la degradación ambiental se encuentra en el aire, suelo y agua. La explotación minera de más de 500 años destruyó grandes extensiones de terreno, bajo la complacencia de autoridades.
En Hidalgo, el término ecocidio suena de manera cotidiana, una de las razones es la devastación de millones de metros cuadrados de vegetación a través de la minería a cielo abierto, indicó el dirigente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), Marco Antonio Moreno Gaytán.
Dicha entidad tiene una de las zonas más contaminadas de América Latina. En Tula-Tepeji la degradación ambiental se encuentra en el aire, suelo y agua; asimismo, su explotación minera de más de 500 años destruyó grandes extensiones de terreno bajo la complacencia de autoridades, apuntó el dirigente ecologista.
Los daños no solo comprenden la pérdida de bosque, flora y fauna, más bien los grandes ecocidas son los 500 diputados, quienes no supieron defender su estado por encima de los intereses de las empresas mineras, las cuales muchas veces tienen capital extranjero, refiere.
A través del tiempo, la excavación ocasionó graves daños en la entidad, los cuales no son reconocidos por el gobierno.
Se tienen identificadas 233 empresas que se dedican a la extracción de materiales pétreos, tanto a cielo abierto como subterráneas, de acuerdo con la Secretaria del Trabajo.
La región más contaminada
En Tulancingo y Metepec se trabaja en la extracción de caolín en minas de cielo abierto, en Tula y Tepeji se explota puzolana y caliza, lo mismo que en Santiago de Anaya, mientras que en Huichapan, materia prima para cemento, así como en Zimapán mármol. Esta última es tal vez la más contaminada, ya que es un área protegida en el Parque Nacional Los Mármoles.
En este mapa de devastación también se encuentra Pachuca, donde la Secretaría del Medio Ambiente entregó los permisos para que Grupo México, a través de la empresa Minera del Norte, traslade los jales mineros de dicha ciudad y Mineral del Monte hacia Epazoyucan, donde se depositarán 110 millones de toneladas de jal, los cuales se encuentran en 200 hectáreas, señaló Moreno Gaytán.
"Por encima del derecho a la vida y por encima del derecho a la salud de más de 436 mil habitantes que estamos en la zona metropolitana de Pachuca, se entregaron a la minera estos permisos", lamentó.
El ambientalista señaló que la degradación y el ecocidio también alcanzan a Molango, Zacualtipán y Otongo, donde la Minera Autlán explota más de 30 millones de toneladas de manganeso. Esta empresa se extendió hacia Tlanchinol, donde ocasionó la división de los ejidatarios y comuneros al impulsar que desaparezca el campo, para que desde una visión leonina se despoje a los habitantes de sus terrenos.
Indicó que también cometen ecocidio, ya que se afecta a los bosques de niebla, los cuales son fundamentales para la adaptación y mitigación del cambio climático.
En riesgo, la salud de los habitantes
El gobierno federal, de acuerdo con lo que dice la Ley de Extracción Minera, otorga a la Minera Autlán el derecho a explotar los bancos de manganeso en Tlanchinol, sin importarle que se ponga en riesgo la salud de los habitantes, ya que por encima de ello ponen la preeminencia.
El ambientalista urgió la necesidad de que se reforme la Ley de Minería debido a que la preferencia pone la explotación minera por encima de todo, del bienestar, salud y propiedad de la ciudadanía.
"Los diputados deben poner un alto a las empresas mineras que llegan y arrasan sin importar que haya personas, porque para eso está la preeminencia y es un derecho por encima de todos. Se debe también transparentar la entrega de concesiones y reducirlas, ya que estas se entregan por 50 años y tienen opción a renovación automática, es decir, se les entrega por 100 años”, explicó.
Moreno Gaytán precisó que son daños a la salud, los cuales son obviados por el gobierno y mucho más el ecocidio que se registra en los municipios.
Ejemplificó que el caso de Atotonilco de Tula, donde hay empresas cementeras como Fortaleza y Cemex, entre otras, hay 31 mil 78 habitantes y de esos más de 8 mil 356 tienen enfermedades respiratorias agudas, ello representa un tercio de la población enferma con posibilidad y diagnósticos asociados con la explotación de cemento y cal, sin embargo, el gobierno dice que los padecimientos no están relacionados a dichos eventos.
Los daños donde se asientan las empresas mineras son irreversibles. En el caso de Hidalgo son gravísimas e irreversibles, aseveró. “Ninguna empresa minera es amigable, eso es una mentira”.
El problema es abrumador, por la explotación de la Minera Autlán los efectos llegan hasta la reserva de la biosfera en Metztitlán y por caolín en Tulancingo, el impacto es a los bosques de niebla de Huehuetla y Tulancingo. "El panorama que nosotros vemos es negro, es devastador, no hay por parte del gobierno una forma de vigilancia y previsión de daños y actividades de restauración.
“La mina genera muchos daños, no es amable y jamás será sustentable y sobre todo, están cobijadas por la corrupción”, concluyó el activista.
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