Diego Cruz comparece ante Juez en España y se niega a ser extraditado

Al comparecer ante la justicia española, Diego Cruz Alonso, detenido en Madrid como miembro de "Los Porkys de Costa de Oro" acusado de violación a una menor en su país, se negó a ser extraditado.

Ante un tribunal de aquel país, dijo que la acusación responde a una "elaborada extorsión" del padre de la joven.

Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional española, relató cómo el padre de la menor les sacó un arma, les amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarles y les obligó a grabar un vídeo disculpándose por una violación de la que se ha declarado "cien por cien inocente".

La agresión a la menor de 17 años ocurrió en México en enero de 2015, pero no se denunció hasta mayo.

Cruz Alonso indicó que el padre de la víctima "espió" durante varias semanas a los jóvenes acusados de la violación para luego extorsionarlos valiéndose de un socio que les citó en su despacho.

Ese día, según relató el acusado, el padre les dijo que si no depositaban 4 millones, los mataba "a todos", tras lo que les obligó a grabar un mensaje de disculpa.

Esa extorsión, dijo, tuvo mucho eco en los medios "porque era época electoral y su difusión fue financiada por el propio gobierno para distraer a la ciudadanía de lo que sucede en México".

Entre lágrimas, el acusado expresó su deseo de quedarse en España y que se le juzgue "justamente".

El joven detenido, que según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre del año pasado en una universidad de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016, lo que para la Fiscalía española, que apoyó la extradición, supuso una huida de la justicia mexicana.

El Ministerio Público afirmó que no le constaba que tuviera la nacionalidad española y que "no cabe hablar de una persecución de carácter político".

Cruz Alonso fue acusado en México de "pederastia tumultuaria", puesto que los hechos se llevaron a cabo en acción conjunta con más personas, por lo que se puede enfrentar a una pena de entre 12 y 40 años de prisión según la legislación mexicana.