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El alto costo de la honradez judicial en México

Julián Germán Molina Carrillo
Opinión
2017-03-27 07:15:28

El origen de la Suprema Corte de Justicia está justificado por dos razones. La primera es que con el establecimiento de este tribunal se marca la supremacía y el valor normativo de la Constitución frente a las leyes.

La segunda, consiste en resolver jurisdiccionalmente el reparto competencial propio de los países con organizaciones complejas, como son los estados federales. De ello deriva que el tribunal constitucional se convierte en el intérprete supremo de la Carta Magna.

Por tanto, la SCJN es el máximo tribunal del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Entre sus responsabilidades, defiende el orden establecido por la Constitución Política; mantiene el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.

En esa virtud y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.

De acuerdo con lo anterior, los 11 ministros de la Corte deberán ajustarse a lo establecido en la Carta Magna y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que los obliga a cumplir su labor con los más altos índices de probidad y honradez.

Sueldos que dan de qué hablar

Los magistrados de la Corte son los funcionarios públicos que ganan más que el presidente de la República, a pesar del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que establece en su artículo número 8 que: “Ningún servidor público podrá recibir una remuneración, en términos del artículo 14 del presente Manual, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos, en caso contrario, se realizarán los ajustes correspondientes, así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones aplicables”.

Pero a manera de excepción para ese manual, se estableció que los únicos que no verían afectadas sus retribuciones nominales y que podrían seguir ganando más que el presidente de la República son los integrantes del Poder Judicial y los consejeros del hoy INE que estuvieran en funciones hasta el 31 de diciembre de 2009.

Pagar por su honradez

Lo anterior, gracias al Transitorio Primero del Acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que Regula las Remuneraciones para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 y del que se desprende: “Conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Acuerdo General Plenario 4/2005, del veinticinco de enero de dos mil cinco, relativo a la estructura y a las plazas del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustituido posteriormente por los diversos 8/2005, 16/2005, 15/2006, 2/2007, 19/2007, 5/2008, 13/2008 y 10/2009 la transformación de las plazas con motivo de la entrada en vigor del primero de esos Acuerdos Generales no afectó los derechos de los trabajadores de la Suprema Corte que se adquirieron respecto de las plazas que anteriormente ocupaban, por lo que las percepciones que algún Servidor Público de ese Tribunal Constitucional haya disfrutado en los años dos mil cuatro a dos mil nueve, también las recibirá en dos mil diez”.

Situación por demás discriminatoria, colmada de desigualdad social, tal parecería que por el desempeño de sus actividades, los magistrados de la Corte adquieren una calidad superior de mexicano que les permite estar por encima del bienestar común.

Seguir manteniendo privilegios como estos no nos permite avanzar como sociedad. Sin embargo, los ministros han rechazado de manera categórica bajar sus sueldos apelando a principios constitucionales y a la necesidad de garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios públicos federales, hágame usted el favor, como si no supiéramos que de autónomos e independientes solo tienen el sueldo, el cual se ha convertido en el precio que tenemos que pagar por su honradez.


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