Prevenir el riesgo desde el municipio

El municipio mexicano es la primera célula de contacto con el ciudadano y constituye el primer nivel de atención a la regulación territorial, donde se materializan las políticas de ordenamiento para el asentamiento y regulación del crecimiento citadino.

Un municipio cuenta con atribuciones para poder zonificar usos de suelo así como para otorgar en consecuencia, y de acuerdo a las necesidades imperantes, servicios públicos e infraestructura.

En este orden de ideas, al municipio le corresponde por mandato ser el primer otorgante de protección civil, actividad que prevenga y mitigue los riesgos ante los posibles desastres naturales.

Esta importantísima tarea se da dentro del marco de actuación legal de diversos organismos pertenecientes al gobierno federal como el CENAPRED, la SEDESOL, y la SEDATU, dependencias que en el contexto nacional, realizan importantes acciones para la gestión de riesgos en comunidades.

En la escala cobrada ante los lamentables sucesos memorados por los fatídicos 19 de septiembre, resulta básico que, además de la creación de una cultura integral de la prevención, por igual se tengan instrumentos que generen mapas de los riesgos latentes y apoyen el ordenamiento seguro de los asentamientos humanos. Estos instrumentos son por excelencia los denominados Atlas de Riesgos Municipales.

Tales documentos con alto valor para la prevención, identifican los distintos tipos de riesgos asociados a desastres o peligros de la naturaleza y sirven por supuesto para implementar políticas públicas que reducen la vulnerabilidad de la población. Desafortunadamente, ante distintos tipos de barreras y circunstancias tanto financieras como metodológicas y técnicas, no ha existido una homologación para conseguir que la totalidad de los municipios mexicanos se favorezcan por este mapeo.

Cabe mencionar que mucho se ha avanzado desde el pasado año en donde los acontecimientos telúricos obligaron a una modificación del actuar gubernamental en apuesta de políticas de prevención, sin embargo en el control de la inmediatez, no se ha consolidado un auténtico sistema de elaboración unificada para los Atlas de Riesgo, aun cuando fue imperativa desde la creación del Centro Nacional para la Prevención de Desastres y la aprobación de la Ley General de Protección Civil en el año 2000.

Es de notarse que desde 1998, el Gobierno Federal descentraliza hacia el municipio mexicano para que este cuente con Unidades de Protección Civil con mandatos y orientación legal por medio de manuales tales como “Sistema Municipal de Protección Civil, guía para su implementación” y “Guía Técnica para el Plan Municipal de Contingencias”. En apariencia las condiciones están dadas, sin embargo la realidad actuante nos muestra un panorama distinto.

Aun cuando la actividad sísmica del pasado año obligó a la disposición de fondos presupuestales específicos para los estados y municipios más afectados, en las zonas de mayor interés no se han actualizado los correspondientes atlas. En Jojutla, Morelos su atlas data de 2010, en Juchitán e Ixtepec en Oaxaca corresponden a 2012, y los correspondientes a Puebla se ubican en un pasado 2015.

En un mapa mexicano donde la remembranza apunta a conmemorar el caos y el desastre, bien convendría entender que no es suficiente la suma de buenas voluntades en torno a una solidaridad que nos caracteriza como nación. Debemos contar con instrumentos científicos que mapeen de manera uniforme y conforme a las características actuales de cada municipio de nuestro México, aquellos factores que constituyen un potencial riesgo para una población a la cual el gobierno municipal está obligado a proteger.

No solo son condiciones de subsuelos o propensión telúrica, son riesgos volcánicos, por inundación, por deslaves y laderas, etc., mismos que con responsabilidad absoluta se tendrían que tomar en cuenta para la definición de prioridades de ocupación de territorios y uso del mismo. Que no por una decisión apresurada impulsada por el deseado desarrollo inmobiliario o empresarial, solamente se cuente con una débil orientación de riesgo sin carácter regulatorio.

Vamos en un sendero de avance hacia la consolidación de un gran Atlas Nacional de Riesgos, mismo que en este 2018 encontró logros como la publicación de la plataforma de consulta para las 32 entidades federativas, o como el mapeo de peligros específicos por laderas e inundación, sin embargo, en un país pujante por el cambio, donde como en muchos otros temas se debería facilitar la labor preventiva, se esperan acciones contundentes para que literalmente cada mexicano tenga conciencia de saber en dónde se encuentra parado.