Emite CNDH recomendación a Fiscalía de Veracruz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Veracruz, tras acreditar violaciones a la libertad, la integridad y seguridad personales de una mujer que fue detenida arbitrariamente por agentes de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), así como al debido proceso por parte de funcionarios de la ex Procuraduría estatal.

Al resolver el recurso de impugnación CNDH/2/214/235/RI, solicitó al fiscal veracruzano Luis Ángel Bravo Contreras, que se inscriba a la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas para que tenga acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz.

En la recomendación 51/216 dirigida al fiscal Bravo, el organismo pidió la reparación del daño a la víctima de forma integral mediante atención médica y psicológica, así como a la compensación que corresponda en términos de la Ley de Víctimas para el Estado.

Asimismo, colaborar con la CNDH en la denuncia de hechos que formulará ante la Fiscalía General contra los tres policías de la AVI y quien resulte responsable, y en la queja que promoverá ante a Visitaduría General de dicha institución.

También, la institución solicitó capacitación para los servidores públicos de esa Fiscalía General en materia de derechos humanos, en el respeto de la libertad e integridad personales, así como en la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

De acuerdo con los hechos relatados por la víctima, el 11 de diciembre de 2012 fue detenida, sin orden de aprehensión y de manera arbitraria, en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN). Posteriormente, los policías la trasladaron a las instalaciones de la AVI donde le infligieron golpes y toques eléctricos en los senos, tórax y abdomen.

Después fue llevada a las instalaciones de la PGJ sin ser presentada de inmediato ante el Ministerio Público, sino que la regresaron a la AVI para luego trasladarla de nuevo a la Procuraduría, donde recabaron su declaración ministerial en calidad de inculpada, habiendo existido una dilación injustificada.

Por esos hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un expediente, mismo que resolvió el 31 de enero de 2014 con una recomendación a la Procuraduría Estatal, la cual no aceptó.

Ante ello, la CNDH admitió el recurso de impugnación de la víctima al determinar que la negativa de la PGJ no fue debidamente fundada al haberse evidenciado violaciones a los derechos humanos.