La votación fue de 55 votos de Morena y sus aliados, que utilizaron su mayoría para impulsar estos cambios, contra los 20 votos de la oposición.
Por mayoría de votos el Congreso del Estado de México aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, en materia de la Elección Judicial.
La votación fue de 55 votos de Morena y sus aliados, que utilizaron su mayoría para impulsar estos cambios, contra los 20 votos de la oposición.
La reforma destaca la creación de Comités de Evaluación, que deberán conformarse dentro de los primeros 15 días tras la publicación de la convocatoria general, evaluarán y seleccionarán las candidaturas en un proceso público y objetivo.
Este proceso incluye entrevistas para medir competencias técnicas y jurídicas, así como la depuración de listados finales a través de insaculación pública, asegurando que se respeten los principios de igualdad y legalidad. La lista final deberá ser enviada al Instituto Electoral antes del 12 de febrero del año electoral.
Se prevé que el Instituto Electoral del Estado de México podrá segmentar o ajustar, para efectos exclusivamente electorales, los marcos geográficos judiciales o jurisdiccionales previstos en Ley para facilitar el voto.
La etapa de campaña electoral se desarrollará en un periodo de 35 días, comenzando 38 días antes de la jornada electoral y concluyendo tres días antes de esta. En ningún caso habrá precampañas ni actos anticipados de campaña.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial del Estado podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia
Los resultados serán publicados, y las constancias de mayoría serán entregadas en las semanas siguientes. Las personas electas tomarán protesta el 5 de septiembre de 2025 y serán adscritas a sus órganos judiciales respectivos antes del 22 de septiembre.
Las personas elegidas no podrán desempeñar otro cargo o comisión, ni otro trabajo remunerado, así como dentro de 2 años posteriores a concluir su cargo no podrán actuar como abogados o representantes en procesos ante el Poder Judicial. Adicionalmente se previó que los juicios administrativos en el Tribunal de Justicia Administrativa deberán resolverse en un máximo de seis meses.
Los partidos políticos no podrán registrar candidaturas ni intervenir en actividades relacionadas con el proceso. Se prohíbe el uso de recursos públicos para propaganda, y el Instituto Electoral deberá promover la participación ciudadana mediante un micrositio que publicará información detallada de las candidaturas.
Además, se eliminarán los fideicomisos y otros fondos no regulados, mientras que ningún servidor público del Poder Judicial podrá ganar más que la Presidenta de la República.
Durante la discusión en lo general, varios de los legisladores de oposición comentaron que no se respetaron los procesos legislativos, al presentarles la iniciativa de manera apresurada y sin opción a un análisis más profundo.
La legisladora Mercedes Colín del PRI, advirtió que la reforma propuesta no garantiza una justicia pronta ni expedita, lo que pone en riesgo la división de poderes y el régimen de protección a los derechos humanos.
Información: El Sol de Toluca
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