Antonio López de la Vega explicó que la denuncia fue presentada durante la anterior administración.
La actual administración de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), encabezada por la rectora Silvia Amaya Llano, ha recibido dos requerimientos formales de información por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en relación con una denuncia presentada en 2020 por presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante el periodo del exrector Gilberto Herrera Ruiz.
José Antonio López de la Vega, abogado general de la Máxima Casa de Estudios, explicó que la denuncia fue presentada durante la anterior administración y que, como es común en los cambios de gobierno, la nueva administración se encontró con varios procesos pendientes.
Detalló que entre ellos está este el relacionado con el manejo de recursos por un monto de 300 millones de pesos, específicamente en proyectos financiados por el extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El abogado general puntualizó que desde que asumió su responsabilidad en la administración actual, se han atendido dos requerimientos formales de la Fiscalía, los cuales se han respondido en tiempo y forma, conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad.
“Cuando esta administración asumió, nos encontramos con diversos procesos judiciales pendientes, como sucede siempre en los cambios de administración, y uno de ellos es este. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos recibido dos requerimientos formales de la Fiscalía, los cuales hemos atendido con la institucionalidad y en tiempo adecuado”, indicó López de la Vega.
El abogado destacó que, dada la naturaleza de la indagatoria, la información relacionada se encuentra sujeta a las restricciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la confidencialidad de los detalles de la investigación. Por esta razón, no es posible proporcionar más información precisa sobre el caso en curso.
“Por el principio de cautela y lo que marca el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no podemos ofrecer más detalles. La información que podemos dar es que existe una carpeta de investigación abierta, y que la universidad ha entregado la documentación solicitada. La Fiscalía es la encargada de la indagatoria y nosotros estamos atentos a su evolución”, explicó.
López de la Vega también aclaró que la universidad no tiene injerencia en la continuidad del proceso, ya que esa responsabilidad recae completamente en la Fiscalía. Sin embargo, reafirmó el compromiso de la universidad con la transparencia y con el cumplimiento de la ley en todo momento.
Información: Diario de Querétaro
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