El procurador de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, anunció que en breve será creada la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el fin de abatir el desprecio a la legalidad y el uso recurrente de la inmoralidad, presentes en aquellas conductas enfocadas en derruir la vida institucional.
Luego de afirmar que el combate a la corrupción es real en esta administración, el titular de la PGJCDMX explicó que dicha fiscalía permitirá complementar los mecanismos tecnológicos y funcionales con que contará la capital del país, a fin de proveer mejores condiciones de procuración de justicia.
Durante la conmemoración del Día Internacional de Combate a la Corrupción: “Retos para México”, el abogado de la Ciudad recordó que para Miguel Ángel Mancera, el combate efectivo a la corrupción constituye uno de los ejes fundamentales de su gestión al frente del gobierno capitalino.
“Somos conscientes de esta deleznable actividad que acecha distintos ámbitos de la vida; sin embargo, sus efectos se asocian en mayor grado con el ejercicio indebido del servicio público, motivo por el cual las Instituciones gubernamentales se encuentran obligadas a actuar decisivamente al respecto”, reconoció.
Al retomar datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, Ríos Garza dijo que en México más de la mitad de la población, mayor de 18 años, considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo.
Además de que alrededor el 80 por ciento señala que esta situación se presenta de manera frecuente o muy frecuente. Por ello, manifestó que todavía estamos a tiempo de construir un orden jurídico que prevenga y combata la corrupción desde sus orígenes.
Aunado a lo anterior, es preciso tomar en cuenta que en el proyecto de Constitución entregado a los diputados de la Asamblea Constituyente, se establece un capítulo relacionado con el combate a la corrupción en la Ciudad de México, el cual establece principios, reglas y estructuras, que se encargarán de prevenir, investigar y sancionar responsabilidades administrativas, delitos y faltas contra el patrimonio de la ciudad y sus habitantes.
El procurador enfatizó que sociedad y gobierno tenemos la tarea, y la enorme responsabilidad, de desterrar prácticas sustentadas en la prevaricación y la dádivas: “es hora de confiar en el orden público como el instrumento idóneo para impulsar nuestras capacidades y dirimir nuestras diferencias, a través de la aplicación justa y equitativa de la ley, ajena a cualquier tipo de privilegio e inobservancia”.
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