ABC, a siete años de los trágicos daños

Han pasado casi siete años del incendio que terminó con la vida de cuarenta y nueve niños y heridas en ciento seis, todos ellos de entre cinco meses y cinco años de edad. 

El siniestro uno de los que más han impactado a los mexicanos, ocurrió en una bodega contigua a la guardería, utilizada por el gobierno de Hermosillo, Sonora, en la administración del entonces gobernador del estado, Eduardo Bours Casteló y bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en la Presidencia de la República, sin embargo, este tipo de problemáticas no están exentas de volver a repetirse.

A pesar de haber sido aprobada la Ley 5 de junio, no todos los estados han adecuado las leyes locales para su cumplimiento. Niños han muerto y han sido abusados en estancias infantiles que no cuentan con las normas de seguridad y el personal calificado para ser atendidas. ¿Con qué tranquilidad pueden los padres de familia dejar a sus hijos en una estancia infantil ante tales situaciones?

Negligencia en las guarderías

Se han documentado casos de muerte y abuso de pequeños a lo largo del país, ya que se han presentado diversas negligencias en estos establecimientos de atención infantil.

Esos incidentes, es casi seguro, no habrían ocurrido de haber contado con las normas de seguridad indispensables para su funcionamiento y seguridad.

La guardería ABC operaba de forma irregular: no implementaron de manera oportuna, eficiente ni rigurosa las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento en materia de protección, baste señalar que los propietarios no pagaban renta mensual; los permisos para abrirla se otorgaron de forma directa sin licitación o concurso; no había detectores de humo, extintores ni salidas de emergencia adecuadas.

Sólo una pared separaba el lugar donde estaban los niños de una bodega que servía de almacén para el gobierno del estado de Sonora, donde resguardaba cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y vehículos.

El techo de ese recinto era de lámina recubierta de poliuretano, un material altamente inflamable, cuestión por la que se prolongó con rapidez el incendio. La estancia infantil estaba en un ambiente de alto riesgo.

Esta tragedia, no sólo estremeció al país entero, sino que sacó a relucir corrupción, así como negligencia e impunidad.

En 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se habían cometido violaciones graves a las garantías individuales.

La norma 5 de junio no sólo protege a la infancia, podría aplicarse en hospitales privados, asilos de ancianos, albergues y orfanatos para prevenir accidentes.

Además, están a la vista los déficits que se suman a las negligencias por las que siguen existiendo casos de impunidad en contra de menores de edad.

Otras tragedias en estancias infantiles

Problemáticas en estancias infantiles en las que niños han sufrido graves consecuencias como el caso de tres niños que perdieron la vida junto con otros tres adultos el 9 de agosto de 2011, cuando un camión se estrelló contra una guardería infantil construida al borde de una carretera en Nuevo León; el deceso de una bebé de diez meses, en una estancia infantil de Querétaro, el 11 de marzo de 2014, por una supuesta broncoaspiración al ingerir leche de un biberón.

Otro caso de negligencia, falta de sensibilidad e ineficiencia en la supervisión escolar, que se suscitó en los últimos meses del año en curso, fueron los abusos sexuales perpetrados por un empleado contra varios menores en el kínder Montessori Matatena, de la Ciudad de México. El presunto violador Rafael Leopoldo Duarte Pereda, esposo de la dueña y directora de esa institución, fue acusado por el delito de abuso sexual en contra de tres menores alumnos del colegio.

Es por eso la exigencia de ciudadanía, que no se limita a que se esclarezca y sancione a todos los responsables de las graves violaciones cometidas en contra de los niños, piden que se ponga fin a las situaciones de riesgo para todos los menores que hacen uso de estancias infantiles en México.

Reacciona la sociedad civil ante impunidad y corrupción 

La impunidad y la corrupción siguen matando en México, es por eso que los padres y madres de víctimas han conformaron diversos movimientos sociales que exigen justicia por los hechos.

Entre las organizaciones del caso ABC, se encuentran Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio A.C. y Manos Unidas por Nuestros Niños.

Las primeras investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) surgieron dos líneas de peritaje. Una que decía que el incendio fue provocado, otra que afirmaba que fue intencionado. Es esta segunda línea la que algunos padres reunidos en torno a la asociación Manos Unidas por nuestros Niños, decidieron seguir. Hicieron una labor de investigación que le correspondía a la PGR y fueron ellos quienes empujaron a que se abriera un nuevo proceso contra personas que no habían sido imputadas.

En días recientes se ha llegado al acuerdo de que una empresa de Texas se encargará de realizar un nuevo peritaje, pidió tres meses para entregar el dictamen pericial y un video de un experimento científico que sostenga su conclusión.

El pasado 14 de mayo, a casi siete años del incidente, un juez federal dictó sentencia condenatoria para 19 de los 22 implicados, sentencia que será apelada por los padres de los menores fallecidos, ya que no están de acuerdo con que se haya absuelto a tres de los 22 que fueron procesados.

Estos casos son el claro ejemplo para que la ciudadanía tome un poco más de conciencia sobre dónde está dejando a sus hijos al momento de irse a trabajar.