La operación, señalan los habitantes, tiene nombre y apellido.
Entre caminos polvorientos y casas en construcción, los vecinos de la colonia La Joya observan con impotencia el incesante tránsito de pipas que, desde hace meses, extraen agua de un pozo presuntamente irregular.
Cada día, calculan, entre 40 y 50 camiones cisterna llegan hasta el sitio, cargan el vital líquido y lo distribuyen en distintas partes de Toluca y municipios cercanos. Mientras tanto, los pozos artesanales de la zona se han secado, las milpas agonizan y el agua potable escasea.
La operación, señalan los habitantes, tiene nombre y apellido. Un sujeto identificado como Felipe es acusado de explotar un pozo sin permisos visibles, bajo el amparo de documentos que, sostienen, no corresponden ni al terreno ni al giro comercial para el que fueron expedidos. Desde entonces, la vida en esta comunidad cambió.
Documentos de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente del Estado de México confirman que desde agosto de 2022 existe una carpeta de investigación abierta por delitos contra el servicio público y distribución irregular de agua.
La denuncia indica que el predio donde opera el pozo se localiza en San Antonio Buenavista, muy cerca de La Joya, y que las extracciones se realizan sin acreditar un título de concesión válido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los vecinos sostienen que el permiso exhibido corresponde a una empresa llamada Inmobiliaria Mexicana Turística S.A. de C.V., cuyo giro no tiene relación alguna con actividades de abastecimiento o comercialización de agua.
Según los testimonios, la operación inicia desde primeras horas del día y se extiende hasta la noche. Cada pipa carga hasta 10 mil litros de agua. A las afueras del predio, señalan, se ha acondicionado un espacio improvisado para el estacionamiento de los camiones cisterna en espera.
El movimiento continuo ha transformado no solo la dinámica social, sino también el medio ambiente.
Los pozos artesanales que abastecían a las viviendas se han secado, los árboles frutales muestran ramas mustias y la presión del agua potable en los hogares ha disminuido de manera alarmante.
’Nuestros pozos están secos. La tierra ya se agrieta. El agua no alcanza ni para lo básico’, denuncian.
La situación también ha generado riesgos sanitarios y ambientales. El uso de bombas impulsadas por combustibles como diésel genera emisiones constantes que irritan la garganta, los ojos y dificultan la vida diaria de quienes habitan a escasos metros del pozo.
Además, algunos vecinos aseguran haber sido amenazados tras intentar documentar las actividades de extracción o presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.
‘Te pica la garganta, no puedes ni salir de tu casa, y si hablas, te amedrentan’, relatan.
En respuesta a las denuncias, un juez federal concedió una suspensión de plano en el juicio de amparo 462/2024-IV , que ordena la verificación del gasto de agua del pozo mediante la inspección de medidores oficiales.
La diligencia fue programada para el 29 de abril de 2025, y la audiencia de cumplimiento para el día 30 del mismo mes.
La Conagua ha sido requerida para informar si existen lecturas oficiales del consumo de agua, bajo apercibimiento de multas de hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en caso de incumplimiento; sin embargo, hasta ahora, las operaciones no han sido suspendidas y el tráfico de pipas continúa.
Vecinos de La Joya advierten que el impacto podría extenderse más allá del abasto domiciliario. Temen afectaciones estructurales en el subsuelo, hundimientos y deterioro ambiental a gran escala.
‘La sobreexplotación de los mantos acuíferos no sólo seca los pozos, también pone en riesgo nuestras casas y nuestros caminos’, subrayan.
Mientras tanto, el agua —cada vez más escasa— es transportada en pipas hacia otros destinos, mientras La Joya ve disminuir día a día sus reservas naturales.
Información: El Sol de Toluca
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