Proteger tierras, cultura y lenguas indígenas obligará nueva ley al Estado

Para homologar lo establecido en la reforma federal al artículo 2 constitucional de septiembre de 2024, la gobernadora Delfina Gómez envió una iniciativa que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esta iniciativa busca reformar al artículo 17 de la Constitución Política local, para establecer el derecho a la libre determinación, permitiendo a las comunidades administrar directamente sus recursos económicos, contar con capacidad jurídica para defender sus derechos colectivos, podrán participar activamente en la toma de decisiones públicas y contarán con autonomía para gestionar sus asuntos internos

También se establece que cualquier proyecto público o privado que afecte sus territorios deberá someterse a un proceso de consulta previa, libre e informada, cuyos costos serán asumidos por los promotores de dichos proyectos.

En el ámbito cultural, la nueva legislación protege activamente las lenguas originarias mediante políticas educativas interculturales y bilingües mientras que en materia de salud reconoce formalmente la medicina tradicional y la partería indígena integrando estos saberes ancestrales al sistema estatal de salud con perspectiva intercultural.

Para las comunidades afromexicanas la reforma representa un reconocimiento sin precedentes de su identidad cultural y derechos colectivos equiparables a los de los pueblos indígenas

Los datos oficiales revelan la urgencia de estas medidas. Según el INEGI (2020), en el Estado de México hay 417 mil 603 hablantes de lenguas indígenas, principalmente de las comunidades mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica.

De acuerdo con el documento, estas poblaciones enfrentan condiciones de marginación extrema: el ingreso promedio en sus hogares es 17.48 por ciento menor al del resto de la población estatal, el 62 por ciento vive en condiciones de pobreza y apenas el 58 por ciento de los niños indígenas accede a educación básica. Además, solo el 43 por ciento de estas comunidades cuenta con acceso adecuado a servicios de salud.

La implementación de la reforma contempla plazos y mecanismos específicos. El gobierno estatal tiene 120 días para armonizar las leyes secundarias, crear instituciones especializadas y diseñar políticas públicas acordes.

Asimismo, deberá traducir el decreto a las cinco lenguas originarias principales y realizar campañas de difusión en las comunidades y en el aspecto presupuestal, se prevé la asignación de recursos específicos y la creación de fondos especiales para proyectos productivos gestionados directamente por las comunidades.

El proceso legislativo continuará con el análisis en comisiones, foros de consulta con las comunidades afectadas y, eventualmente, la votación en el pleno del Congreso local antes de su publicación en el Periódico Oficial.

Información: El Sol de Toluca