Aldo Segura puntualizó que por fin fueron escuchados y de inmediato las autoridades de parte del SAT tomarán cartas en el asunto.
Como producto de la mesa de diálogo sostenida con las autoridades federales y locales del SAT y la presencia de representantes del gobierno del estado de Puebla, campesinos y productores de la delegación Sur lograron que se instalarán las mesas de diálogo.
El representante de la movilización, Aldo Segura, que está mañana llegó con tractores a las oficinas del SAT, puntualizó que por fin fueron escuchados y de inmediato las autoridades de parte del SAT tomarán cartas en el asunto.
Aunque reconoció que se trata de una situación compleja, será este viernes cuando se retomen las mesas de diálogo, "hay compromisos que se tienen que cumplir, y desde el SAT ya no hacen caso omiso y sí nos escuchan".
Fue la mañana de este martes cuando el grupo de campesinos y productores se presentaron con tractores en el SAT y retomaron la exigencia de diálogo, esto con la finalidad de lograr la devolución del bono agropecuario para alrededor de 55 mil afectados.
Aldo Segura reveló que aceptaron abrir el primer acercamiento con representantes ciudadanos, el SAT y personal de la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla, para iniciar las pláticas que han solicitado desde la primera manifestación.
Aseveró que hicieron presencia de este miércoles en el SAT de manera pacífica y exclusivamente para solicitar audiencia para que se resuelva la situación, “no hemos obtenido respuesta y no ha habido comunicación”.
Recordó que las mesas de negociación se solicitaron desde el primer día, y es hasta hoy, que la autoridad federal accede a su petición, “desde hace 20 años tenemos derecho de recibir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y no habíamos tenido problemas hasta ahora que, sin mandato de ley, cambiaron las reglas de operación”.
A decir de los campesinos y productores, existe un adeudo por 220 millones de pesos desde el pasado mes de octubre del año pasado.
En la manifestación de este día, las autoridades estatal y municipal mantuvieron la presencia de la fuerza pública y de los granaderos, con la finalidad de mantener el control del lugar.
Recordaron que la auditora, Hilda Reyes Reyes, exigió que presentaran facturas por la compra de diésel y otros productos para el campo, algo que no se puede otorgar al SAT como lo exige, ya que implica la solicitud de facturas que no se las pueden otorgar.
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