De usurpar funciones acusan a alcaldesa de Cadereyta

El Instituto Nacional de Migración (INM) iniciará un proceso legal en contra de la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega Vázquez, por la posible comisión de una “conducta delictiva” y “usurpación de funciones” con la expedición de cartas de repatriación, informó Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, secretario general de Gobierno en Querétaro.

“Recientemente, la delegada del Instituto Nacional de Migración señalaba que el Municipio de Cadereyta estaba emitiendo constancias de repatriación, cuando son funciones exclusivas de la Federación”, aseguró el funcionario estatal.

Agregó que se solicitó en la Mesa de Seguridad, lugar donde fue expuesto el tema, que se llevaran a cabo las acciones legales pertinentes. “Estamos hablando de la posible comisión de una conducta delictiva y usurpación de funciones”.

Alcaraz aseveró que ni el municipio de Cadereyta ni el propio Gobierno del estado tienen las facultades para poder llevar a cabo la emisión de estas constancias, por lo cual, afirmó que se le solicitó a la titular del Instituto Nacional de Migración (INM) que interponga las acciones legales correspondientes.

“Esto fue parte de los temas que se platicaron en la Mesa de Seguridad, donde se exponen los temas importantes por cada una de las dependencias semanalmente; incluso, en presencia de las autoridades federales, militares. Es más, el comandante de la región conoció de ese tema y todos de manera puntual establecimos que el mecanismo que se tiene que llevar a cabo es una acción legal, no solamente una llamada a atención”, indicó.

Diario de Querétaro consultó que, de acuerdo con el Gobierno de México, la Carta de Repatriación es un documento expedido solamente por la Secretaría de Gobernación o por el Instituto Nacional de Migración. Se establece que es importante que los mexicanos repatriados obtengan este documento, ya que es la llave para acceder a todos los programas sociales disponibles dentro de México.

La Carta de Repatriación es un documento que hace constar que un ciudadano mexicano ha sido sujeto a un proceso de deportación. Además, especifica que la carta no sustituye a ningún otro documento de identidad, ya que sólo se expide con el único efecto de que el connacional obtenga acceso a los servicios y a realizar trámites como es la obtención de documentos oficiales, como pueden ser la CURP, un acta de nacimiento, afiliarse al IMSS o al Servicio Nacional de Empleo, por ejemplo.

Al ser cuestionado sobre en cuántos casos pudo haber incurrido la alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, el secretario general de Gobierno dijo que esto sólo está basado en lo que expuso la titular de Migración en la Mesa de Seguridad.

“Solamente platicó que se estaba llevando a cabo esta práctica. Se advirtió ya al Municipio de que cesara estas acciones, toda vez que no tiene facultades ni ese Municipio, ni el propio estado, sino la Federación”, comentó Alcaraz.

Puntualizó que las acciones legales que puede considerar el INM deben estar sustentados en el conocimiento de un hecho ilícito, y que al saberse de esto entonces es cuando se tiene que denunciar la acción.

Carlos Alberto Alcaraz precisó que es el mismo Gobierno federal a quien le compete interponer la denuncia por “usurpación de funciones” en contra de la presidenta municipal de Cadereyta por la presunta emisión de cartas de repatriación a connacionales queretanos.

“Por eso, la sensibilidad y la delicadeza de que no es un documento menor, es un documento que tiene una validez legal muy fuerte”, enfatizó el secretario de Gobierno en Querétaro.

Información: Diario de Querétaro