Los argumentos presentados demuestran que la suspensión provisional otorgada a diversos ciudadanos para detener la demolición es improcedente.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito los fundamentos jurídicos y razones que acreditan la legalidad de las acciones emprendidas por la institución para la demolición de las presas y represos ilegalmente construidos en el Rancho El Saucito, en Balleza, Chihuahua, propiedad del exgobernador César Duarte.
De acuerdo con la Conagua, los argumentos presentados demuestran que la suspensión provisional otorgada a diversos ciudadanos para detener la demolición es improcedente, “porque se trata de un asunto que ha agotado todas las instancias impugnativas (causó Estado) y por la trascendencia que tiene para la sociedad”.
“Es importante recalcar que esas sanciones, en su oportunidad, fueron combatidas por el exgobernador Duarte en diferentes instancias jurisdiccionales; sin embargo, éstas fueron validadas, incluso, por el propio Poder Judicial de la Federación, por lo que se trata de la ejecución de una determinación firme”, manifestó.
La Conagua destacó que en razón de lo anterior, y al carecer de legalidad la resolución, presentó también un recurso de queja en contra de la suspensión provisional otorgada por la titular del Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en Chihuahua, así como la información necesaria para su revocación.
De la misma forma, reveló que se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), derivadas de los presuntos actos ilícitos de los que se tuvo conocimiento en la diligencia realizada el pasado 27 de mayo, como el posible uso ilegal de bienes nacionales.
“Conagua considera que los medios de defensa emprendidos en favor de las obras ilegales son una maniobra para intentar evadir un acto de justicia encaminado a evitar el acaparamiento de agua en una cuenca con alto estrés hídrico.
Conagua ratifica que las sanciones se determinaron por realizar obras sobre propiedad federal, aprovechar el recurso hídrico y desviar el normal cauce de un cuerpo de agua, sin contar con el permiso correspondiente, anomalía que persiste y no puede continuar”, agregó.
Información: Excélsior
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