Seis años de transformación a costa de represión, opacidad e inseguridad

Nadie puede negar que Rafael Moreno Valle ha transformado Puebla durante su sexenio como gobernador, sobre todo la capital, donde ha construido puentes, ciclopistas, un museo, un hospital, un teleférico y un edificio de oficinas de atención al público, repavimentado calles, instalado una rueda de la fortuna gigante, iniciado un sistema troncal de transporte.

Sin embargo, a diferencia de la perspectiva gubernamental, la cual sólo destaca lo bueno, tampoco nadie puede rechazar que esta administración será recordada por la represión contra manifestantes, la cual tuvo su colofón en Chalchihuapan; la opacidad permanente en información pública; el crecimiento constante de las obligaciones financieras, nunca aceptadas como deuda pública; el repunte de feminicidios, robo de combustibles —sin omitir la complicidad de jefes policiacos—, ejecuciones, linchamientos; el despido masivo de burócratas; la concesión del servicio de agua potable; el abandono del campo.

La mano dura de Moreno Valle empezó a sentirse desde los primeros meses de su gestión, cuando policías dispersaron manifestaciones en el bulevar 5 de Mayo con uso de gas lacrimógeno.

Chalchihuapan, el verdadero rostro de Rafael Moreno Valle

El enfrentamiento en Chalchihuapan trascendió mundialmente porque murió un niño y estaba reciente la aprobación de la llamada Ley Bala en el Congreso local. Sin embargo, un hecho similar fue registrado el 23 de agosto 2011, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, ordenó el desalojo de ejidatarios en un predio de Chignahuapan, dejando hombres y mujeres heridos.

En esos primeros meses de mandato, remodeló la residencia oficial Casa Puebla. El entonces secretario de Infraestructura y actual gobernador electo, José Antonio Gali, nunca apuntó la inversión exacta. Calculó unos 10 millones de pesos. Los anexos del primer informe de labores revelaron que el gasto ascendió a 66.6 millones: 21.9 en el salón de usos múltiples; 13.8 en palapa, alberca y exterior del inmueble; 13.3 en oficinas; 3.6 en la casa de visitas; 3.1 millones en el helipuerto y 574 mil pesos en la cancha de tenis.

Pero esta obra no fue la única que ha causado escándalo, también en ese 2011 empezó la ejecución de obras sin autorización, principalmente del INAH, la cual, al final, revirtió las ideas originales: la construcción un puente en el bulevar 5 de Mayo, a la altura de la 2 Norte, pese a formar parte del Centro Histórico y estar prohibido, terminó en un paso deprimido; el teleférico del Centro de Convenciones al Centro Expositor, que derruyó una casona colonial, concluyó con un recorrido de sólo 800 metros, y el parque intermunicipal en Cholula que requería expropiación de predios en alrededores de la pirámide, quedó limitado a un Museo de Sitio y la terminal del tren turístico Puebla-Cholula. Los planes quedaron acotados por la intervención de investigadores de la dependencia federal.

Atentados contra la libertad de expresión

Una mención aparte (a propósito de la protesta que hizo recientemente contra el INE por coartar su libertad de expresión cuando habla de sus aspiraciones presidenciales,) merece el choque que tuvo con la prensa, el cual tuvo su punto más alto con la amenaza de denunciar a 19 periodistas por supuestamente abusar del derecho que actualmente defiende. La repercusión nacional contuvo la embestida contra los periodistas y a Sergio Ramírez Robles a renunciar como director general de Comunicación Social.

En estos casi seis años, el gobierno poblano ha reproducido en forma acelerada los acuerdos de reserva en las dependencias para negarse a proporcionar información de carácter público, por lo que lo mismo hay trabas para conocer datos sobre la construcción del Arco Oriente del Periférico Ecológico y la adjudicación de otros proyectos de obra pública, como también sobre los proyectos de prestación de servicios; el costo de los helicópteros recientemente adquiridos, el número de elementos que custodian al gobernador, los gastos para realizar y promover los informes de labores, y hasta cualquier información sobre el sistema computarizado de espionaje.

La deuda disfrazada de esquemas como APP y PPS

En este tenor, no puede faltar el tema de las deudas y compromisos económicos. En forma oficial sólo se deben 8 mil 600 millones de pesos: 5 mil 616 en forma directa y el resto avalado indirectamente para diversos organismos públicos; sin embargo, la calificadora Fitch reveló obligaciones poco conocidas por contratos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) y financieras, superiores a 22 mil millones y mil 261 millones de pesos, respectivamente.

La entidad cuenta con dos obras bajo la figura de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS): Centro Integral de Servicios (CIS) y el Museo Internacional del Barroco (MIB), y uno como Obra Pública Financiada (OPF): plataformas para fábrica AUDI en San José Chiapa.

En 2015, según la firma, el gobierno estatal empezó a pagar 198.1 millones de pesos anuales a un plazo que vence en 2040, lo que suma casi 5 mil millones de pesos; por el MIB paga desde este año 286 millones de pesos anuales y lo hará hasta 2041. Total de 6 mil 500 millones.

Cabe señalar que para estos proyectos se afectó el ingreso por Impuesto sobre nómina (ISN) a un fideicomiso de administración y fuente de pago administrado por Evercore Casa de Bolsa, para que en su caso funja exclusivamente como fuente alterna de pago de dichos proyectos.

Adicionalmente Fitch apuntó que en su Estado de Situación Financiera, la administración local registró pasivos diferidos de corto y largo plazos por casi 10 mil 300 millones, todo por concepto del proyecto a favor de la empresa de los cuatro aros.

Feminicidios y robo de combustible, la herencia

En el tema de seguridad pública, los feminicidios llevan mano. Entre organizaciones de la sociedad civil cuentan 80. La Fiscalía General del Estado (FGE) sólo reconoce la mitad, la cual supera los 37 casos del 2015 y sería tres veces mayor a los doce de 2013, cuando empezaron a tipificarse este tipo de homicidio. Esta situación, hizo que varios grupos exigieran la declaratoria de Alerta por Violencia de Género. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emplazó al gobierno para que en este mes cumpla una serie de recomendaciones o de lo contrario serían activada esta señal de advertencia.

Sobre el robo de combustible, resulta necesario apuntar que en los últimos 15 años Pemex detectó mil 685 tomas clandestinas en 26 municipios en Puebla de las cuales 815 fueron descubiertas el año pasado y 309 en 2014. Tan sólo en el primer semestre de este 2016 identificó 601. El fiscal general Víctor Carrancá aseguró que esta actividad ilícita está encabezada por Los Zetas.

Empero en este sentido destaca lo sucedido el 14 de julio del año pasado, cuando efectivos del Ejército Mexicano detuvieron a Marco Antonio Estrada López y Tomás Méndez Lozano, director y Jefe de Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, por su relación con la comisión del delito de robo de combustible a la paraestatal.

Más tarde, a este escenario sería incluida la renuncia de Facundo Rosas Rosas, quien entonces se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública. Es oportuno agregar que la semana pasada trascendió en una columna periodística que el gobierno federal investigaría la versión sobre que el ex funcionario estatal trabajaba con Genaro García Luna en esta tarea al margen de la ley.

Respecto a secuestro, la entidad sumó 176 en los últimos cuatro años, según la organización Alto al Secuestro, lo que ubica a la entidad en el lugar 12 del listado nacional, prácticamente la misma cantidad que Jalisco que acumuló 177.

Linchamientos, muestra de la crisis de autoridad

En este recuento, vale la pena rematar con linchamientos, pues en los últimos 13 meses han muertos ocho personas, además que otras 31 han estado a punto de morir por la justicia en propia mano de los ciudadanos.

En este apartado, destacan dos capítulos: en uno de ellos están los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina. El 20 de octubre de 2015 levantaban una encuesta en Ajalpan sobre el consumo de tortillas, cuando fueron confundidos como secuestradores. Los vecinos los mataron a golpes y los quemaron.

El otro refiere al empresario Jorge Aduna Villavicencio, quien contrató a un sicario para localizar a las seis personas que habían robado en su casa. Secuestró a todos. Los mató, descuartizó y quemó.

El próximo 31 de enero será el último día de Moreno Valle Rosas como gobernador de Puebla. Enlistar cada uno de los momentos más críticos de su sexenio requeriría miles de caracteres, pues falta explicar que sólo dos funcionarios de la anterior administración han pisado la cárcel, después que aseguró que iría con todo contra Mario Marín Torres; también no se detalló la recuperación del predio que ocupa actualmente el MIB, tras arrebatárselo al empresa Ricardo Henaine.

No hubo espacio para enlistar personas detenidas y consideradas como presos políticos; las afiliaciones masivas en el PAN, las cuales señalan movimientos estratégicos desde Casa Puebla que trataron de replicarse en el PRD; el sometimiento del PRI, el cual empezó cuando impuso a un dirigente como Fernando Morales, que después convirtió en funcionario de su gobierno... y más.

En un programa de televisión reciente, el todavía primer magistrado local anunció que al otro día de concluir su periodo constitucional, se dedicará a obtener la candidatura presidencial.

Sin embargo, en la aldea todos saben que esta carrera empezó con su sexenio, de ahí la promoción extraterritorial de su imagen y actualmente la defensa de su derecho a la libertad de expresión para destacar sus logros de gobierno... sin que en ese listado, seguramente, encuentre lo que aquí está resumido