Tras renunciar a su cargo dan notaría pública a fiscal de Michoacán

El gobierno de Michoacán publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo mediante el que entregará una notaría pública para el aún fiscal michoacano, Adrián López Solís, quien dejará el cargo el próximo 20 de agosto.

Adrián López anunció su renuncia al cargo de fiscal el pasado 6 de julio, fue electo el 24 de febrero del 2019, por un periodo de seis años.

La edición número 54 del Periódico Oficial del Estado de Michoacán precisa que López Solís asumirá la titularidad de la notaría pública 178, ubicada en el municipio de Quiroga pero con ejercicio en el Distrito Judicial de Pátzcuaro.

El gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla también publicó un acuerdo para otorgar la notaría 194, con sede en Zitácuaro, a la abogada Teresa Ruiz Valencia, quien cuenta con experiencia en diversos cargos públicos y además es exesposa de López Solís.

Además, Nicolás Maldonado Millán, quien se desempeña como coordinador de Fiscalías Regionales en la Fiscalía General del Estado (FGE), asumirá la notaría número 6, con sede en Uruapan.

López Solís, abogado de profesión, es considerado como un político cercano al exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, toda vez que en el proceso electoral reciente fungió como su coordinador de campaña y posteriormente como su secretario de gobierno.

En marzo del 2018, Adrián López renunció a la Secretaría de Gobierno para convertirse en diputado plurinominal por el PRD, el Congreso del Estado.

Sin embargo, López Solís demostró coordinación plena desde el inicio del gobierno del sucesor de Silvano Aureoles, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, quien ordenó iniciar al menos 15 denuncias en contra del perredista, quien enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de peculado, operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.

Estos delitos fueron configurados por la presunta responsabilidad de Silvano Aureoles en la construcción, a sobrecosto, de al menos cinco cuarteles de la Guardia Civil (policía estatal), por los cuales pagó 3 mil 400 millones de pesos. Por estos delitos, tres cercanos exfuncionarios del perredista se encuentran detenidos.

Información: Latinus