60 años de impunidad con el agua, tendrá Concesiones Integrales

El gobierno de Rafael Moreno Valle falsificó información para entregar la administración del agua a particulares, a pesar que el acceso a este servicio es un derecho humano, aseguró la investigadora Argelia Arriaga, quien reveló que por un periodo mayor a medio siglo, es decir, por 60 años, el gobierno poblano, concesionó la administración del servicio del agua en Puebla a la empresa Concesiones Integrales, a pesar de ser una medida anticonstitucional por violentar el acceso a ese derecho humano.

Todo el proceso se llevó a cabo en la opacidad, por eso, recordó que el problema, es que desde su privatización, el costo-inversión no añade ningún beneficio para la distribución y tratamiento del agua potable en Puebla, lo que genera problema en la calidad del consumo para los poblanos.

La investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales –CUPREDER-, reveló que el SOAPAP logró reducir en 161 millones de pesos la deuda que acumuló en otras administraciones y pagó créditos fiscales por 925 millones de pesos, lo cual significa que el adeudo actual es de cero pesos.

Ante eso, recordó que el ex director del SOAPAP, Manuel Urquiza Estrada,  es el que creó el andamiaje jurídico para constituir la empresa Concesiones Integrales que se adjudicó la concesión, pero además autoriza una inversión millonaria y prorroga la vigencia de la concesión de 30 a 60 años.

Una de las herencias lamentables del proceso de concesión, dijo la investigadora del CUPREDER, es que hasta el momento, los poblanos desconocen el contrato que firmó el gobierno del Estado de Puebla, el antiguo SOAPAP y la empresa privatizadora del servicio.

Por eso, señaló que no se tiene una idea de cuál es el contrato, pero tampoco se sabe a qué están obligados los ciudadanos en ese convenio que se firmó en 2013 y que el Congreso del Estado de Puebla, aprobó por unanimidad.