El voto switcher marcará la diferencia en Puebla

Con una ley electoral parchada respecto a candidaturas independientes, un Instituto Electoral del Estado (IEE) desprestigiado por sus errores y señalamientos de parcialidad por parte de los partidos de oposición, una guerra sucia encabezada principalmente por los equipos de una candidata y un candidato, y centradas en las riquezas de uno y otra, y acusaciones sobre la intromisión de los gobiernos federal y estatal en el proceso, Puebla se acerca a la elección de gobernador o gobernadora.

El 5 de junio, 4.2 millones de personas elegirán al titular del Poder Ejecutivo, que tendrá gestión de 20 meses: del 1 de febrero de 2017 al 13 de diciembre de 2018, con el fin de empatar las elecciones estatal y federal en ese año.

Para los comicios de este domingo, por primera vez hay tres candidatas inscritas: la independiente Ana Teresa Aranda Orozco, Blanca Alcalá Ruiz (PRI-PVEM y PES) y Roxana Luna Porquillo (PRD); además de dos candidatos: Abraham Quiroz Palacios (Morena) y José Antonio Gali Fayad (PAN, PT, Panal, PSI y PCP).

Cabe recordar que las campañas por la gubernatura, empezaron sólo con cuatro aspirantes, pues el IEE inicialmente negó el registro a Aranda Orozco, quien fue incluida en la contienda por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf). Así, las actividades proselitistas concluirán el próximo miércoles.

Mete orden el TEPJF en las determinaciones locales

Antes de iniciar la batalla por los votos, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep) reformado por la actual Legislatura local, fue remendado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual aumentó de 20 a 30 días el plazo para que candidato independiente recabaran sus firmas de apoyo ciudadano;  borró el candado que obligaba a sus simpatizantes a presentarse en las oficinas del IEE; corrigió el porcentaje de respaldo requerido en el padrón electoral, y finalmente criticó a los diputados por requerirles un año sin filiación partidista, cuando la aprobación de la ley había sido aprobada 10 meses antes de los comicios.

Con este parchado marco jurídico, el IEE sobresalió en el TEPJF, tras revocarle sus decisiones sobre negarle su registro como candidata a Luna Porquillo; impedir la candidatura común del Partido Encuentro Social a favor de Alcalá Ruiz, y rechazar el registro de Aranda Orozco por diversas causales infundadas a los ojos de los magistrados, quienes, para rematar, recientemente consideraron que la publicidad de promoción al voto contravenía los principios de "igualdad, equidad de género y equidad en la contienda", pues incluía la frase: "elige a tu próximo gobernador", sin advertir la participación de tres mujeres.

La guerra sucia entre los punteros de la elección 

A la par, los equipos de José Antonio Gali Fayad y Blanca Alcalá Ruiz se han enfrascado en una batalla de acusaciones respecto al origen de sus patrimonios, lo que llevó a cada uno a promover denuncias sobre enriquecimiento ilícito.

De esta manera, Gali Fayad es acusado de tener una fortuna inexplicable de 116 millones 500 mil pesos, una casa en La Vista Country Club con valor de 70 millones de pesos, sin sumar obras de arte, más departamentos, y ser socio de antros, bares y restaurantes en Cholula y Puebla, junto con sus hijos y prestanombres, además de otros negocios en Panamá.

Por su parte, Alcalá Ruiz está acusada de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras autorizar en su trienio como alcaldesa de Puebla, la construcción de una gasolinera a nombre de una tía y asignar contratos a su socio en la empresa constructora Estilos Constructivos Sustentables, tener un edificio, un conjunto de casas y una mansión en el sur de la ciudad.

Denuncias sobre intromisión del gobierno estatal y federal
 
En este escenario electoral, el PRI ha acusado intromisión del gobierno estatal para ayudar a Gali Fayad, lo que ha provocado el decomiso de propaganda electoral en una bodega, de un tráiler y durante el desfile del pasado 5 de Mayo; prohibir inicialmente carteles de la abanderada tricolor en unidades del transporte público, y obligar a burócratas y maestros a participar en mítines blanquiazules, so pena de ser removidos de sus puestos o reasignados a zonas alejadas de sus lugares de residencia.

En el mismo tenor, el PAN ha señalado que el gobierno federal, a través del programa Prospera, obliga a la gente a apoyar a Alcalá, a afiliarse al PRI e incorporar a 15 personas, bajo la advertencia de que negarse implicaría la pérdida del apoyo económico previsto en el programa.

Como si fuera endemia de las elecciones, las propuestas de los candidatos han pasado a segundo término o prácticamente han pasado de noche para el electorado, que sólo percibe dos caminos, a estas alturas del proceso: cambio o continuidad.

La sombra de la judicialización

El próximo 5 de junio, un millón de votos es el objetivo. Sólo así estaría descartada la judicialización del proceso electoral, lo que deja entrever de entrada una guerra sin cuartel el próximo 5 de junio entre las estructuras del PAN y PRI, principalmente. 

Sin embargo, en ambas trincheras saben que la victoria está en el llamado "voto swittcher", entre los indecisos, aquellos que llegan a la casilla todavía sin saber qué hacer, por quién votar.

Hace seis años, Rafael Moreno Valle Rosas ganó la gubernatura con un millón 111 mil 318 votos. La coalición conformada por PAN, PRD, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y Nueva Alianza obtuvo 50.4 por ciento de los sufragios. El abanderado del PRI-PVEM, Javier López Zavala, sólo alcanzó 883 mil 285 sufragios, lo que representó 40% del total. La diferencia: más de 10 puntos porcentuales

En 2004, el candidato priista Mario Marín Torres ganó con 886 mil 535 votos, casi la mitad de los sufragios. Su oponente del PAN, Francisco Fraile García, consiguió 642 mil 519. La franja entre ambos: 13 puntos porcentuales.

En 1998, el postulado por el instituto tricolor, Melquiades Morales Flores, logró el triunfo con 760 mil 939, cantidad equivalente al 54 por ciento de la votación total. La representante panista, Ana Teresa Aranda, sólo conquistó 406 mil 804 sufragios. La distancia entre los dos: 26 puntos porcentuales.

(Tan sólo como datos históricos, cabe la anotación que en 1992 el candidato del PRI, Manuel Bartlett Díaz obtuvo 70.4 por ciento de los votos. Seis años antes, Mariano Piña Olaya sumó 81.4% de los sufragios a su favor. En 1980, Guillermo Jiménez Morales contó con 83.6%. Eran otros tiempos, los del "partidazo".) 

Las tendencias electorales

José Antonio Gali Fayad (43%) tiene una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre su contrincante Blanca Alcalá Ruiz (33%), según el promedio de las encuestas analizadas por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, las cuales fueron realizadas entre febrero y mayo por las empresas Meba, El Financiero, Demotecnia, Mercae y Reforma.

Si aceptamos que la victoria electoral está en el rango de un millón de votos y tomamos en cuenta los porcentajes obtenidos en los sondeos de opinión, entonces la conclusión sería que esta cantidad sólo es alcanzable con un nivel de participación superior a 55 por ciento; es decir que 2.3 de los 4.2 millones de poblanos del padrón electoral lleguen a las urnas.

Pero, en la actualidad, las proyecciones sobre participación fluctúan entre 40 y 50 por ciento. Lo que significa que sufragarán entre 1.6 y 2.1 millones de electores. Por tanto, basados en las encuestas, el triunfo está entre 688 mil y 903 mil votos, según cada escenario.

A la caza del voto switcher

En los cuarteles de uno y otra, de unos y otras, están concentrados en el "voto switcher" ese que ha causado errores de cálculo en múltiples encuestas de las más prestigiadas firmas en la materia, pues no ha sido valorado correctamente o, incluso, no se ha proporcionado al momento de dar a conocer los resultados.

Las campañas manchadas por la guerra sucia han tratado de polarizar al electorado y, como sucede siempre, ha quedado un conjunto de indecisos entre decantarse por dos o más opciones, por lo que toman la decisión prácticamente cuando llegan a la casilla o  hasta que tienen la boleta y el crayón en sus manos.

Según el libro “Switchers: Electores que definen el triunfo”, de Gabriel González-Molina, las elecciones no se ganan con el voto duro y la maquinaria partidista, por lo que es necesario convencer a los votantes que están lejos de la militancia, que no responden a propagandas, sino a la lógica de voto y que representan entre 25 y 30 por ciento del total de los electores.

De acuerdo con González-Molina, las mentiras pueden servir para reafirmar el voto leal o hacer enojar a los anti, pero nunca para ganar el voto switcher, el cual, con base en estas apreciaciones generales, estaría en el caso local entre Gali y Alcalá, pues sabe que su apoyo definirá primero y segundo lugares.

De tal suerte que, si se toma en cuenta la meta establecida de un millón de votos y el conjunto de indecisos, la batalla del 5 de junio será librada entre las estructuras de los partidos que buscarán la conquista de esos indecisos votantes, quienes están abiertos a escuchar las últimas ofertas de la jornada, tanto económicas como de obras y programas para sus comunidades, a tomar el aventón para llegar a la casilla sin importar que el traslado esté catalogado como acarreo en la jerga electoral, o consideren a su decisión como voto útil.

Es así que en el voto switcher está la judicialización o no de este proceso electoral, pues dará los 10 o más puntos porcentuales de ventaja entre ganador o ganadora y perdedor o perdedora; en resumen, representa unos 500 mil electores, una rebanada del pastel muy apetitosa sobre la cual falta saber quién se comerá la mayor parte.