Jacinta Francisco Marcial, indígena hñähñú (otomí) del Estado de Querétaro, (junto con dos indígenas más: Alberta Alcántara y Teresa González) fue detenida de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006 y acusada de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Después de un proceso en el que, se señaló que no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso, Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.
“El proceso que condujo a la condena por un delito inexistente estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos: la PGR consignó el caso con pruebas inventadas y contradictorias.
Jacinta fue liberada el 16 de septiembre de 2009, después que se ordenó reponer el procedimiento y que la PGR (que nunca tuvo pruebas) decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra. Aunque, ella permaneció privada de su libertad, lejos de su familia, durante 37 meses.
Aunque, por fin el día de ayer, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública por parte de la PGR.
Durante el acto, la hija de Jacinta, Estela Hernández enfatizó: “hoy nos chingamos al Estado”, luego de la disculpa pública y reconocimiento de inocencia de su madre, Jacinta Francisco Marcial, así como de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
Cabe mencionar que cuando fueron arrestadas, las tres mujeres enfrentaron el proceso sin abogado ni traductor. Fue el Centro Pro de Derechos Humanos quien dio acompañamiento a los casos y la liberación llegó después de tres años y con intercesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También se denunció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se negó a ayudarles, al considerar que las acusaciones en su contra “eran graves”.
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