Representantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida, de la Pastoral de Derechos Humanos-Diócesis de Tlaxcala y del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local exigieron la reparación del daño por afectaciones a causa de la contaminación del agua.
En conferencia de prensa, los ambientalistas tlaxcaltecas dijeron que se van a mantener vigilantes para que los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada inicien los trabajos para elaborar el Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac.
Explicaron que la situación que prevalece en el Zahuapan-Atoyac, motivó la resolución derivada de una queja promovida en 2011, tal y como lo sugiere la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La recomendación fue para los gobiernos de Tlaxcala y de Puebla y también para las alcaldías de Natívitas, Ixtacuixtla y Tepetitla, a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), “por ser omisos” ante la problemática de contaminación creciente de los ríos.
Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, reveló las exigencias dirigidas a las autoridades tlaxcaltecas, para que dejen la simulación que caracterizó a las anteriores administraciones gubernamentales.
La petición central fue para que “el gobernador Marco Mena en su pretendida gobernanza tome en cuenta a la sociedad y sobre todo a las organizaciones ambientalistas en la toma de decisiones para el saneamiento de los ríos en Tlaxcala”.
Pidió que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, autoridades municipales y federales, así como el sector empresarial, inicien con los trabajos interinstitucionales para la elaboración del Programa Integral de Restauración Ecológica y de Saneamiento para la Cuenca del Alto Atoyac.
“Ya que la instalación de empresas en Tlaxcala y en el país no genera desarrollo; nos expone a un deterioro acelerado en nuestra calidad de vida y a la afectación integral de la madre tierra, provocando una total desesperanza en las próximas generaciones”.
Concluyeron que Tlaxcala, debe acatar la recomendación 10/2017 en los términos y plazos establecidos, de lo contrario, los dichos institucionales quedarán solo en buenas intenciones.
Advirtieron que no hay justificación para incumplir la recomendación de la CNDH y refirieron que en algún momento –si hay omisión-, trasladaran el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otras instancias internacionales.
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