Propone candidato del PT pena de muerte a feminicidas en el Edomex

Al presentar el Plan Estratégico de Seguridad, el candidato del Partido del Trabajo (PT) al gobierno del Estado de México, Óscar González Yáñez, propuso aplicar pena de muerte a feminicidas, ya que “es una medida extrema para una situación extrema” que ha dado resultado en otros países.

Afirmó que el gobierno mexiquense está acorralado por la delincuencia siendo su responsabilidad cuidar de las mujeres y los ciudadanos en general. Dijo que no soporta ver como matan a mujeres y niñas en varios puntos de la entidad, mientras los responsables no reciben castigo.

Otros ejes del plan de seguridad son la instalación de cámaras de videovigilancia y monitoreadas en transporte público, accionar al cien por ciento la policía y la profesionalización de ministerios públicos.

Respecto a la seguridad en el transporte público, el abanderado petista señaló que no es lo mismo tener videocámaras únicamente que estarlas monitoreando 24 horas del día, pues eso dará oportunidad de tener una capacidad de reacción entre uno y dos minutos.

En conferencia de prensa, González Yáñez sostuvo que el Estado de México es la entidad más insegura del país, por lo que de ganar el próximo 4 de junio las elecciones locales, pondrá a trabajar al cien por ciento de la policía.

Explicó que en este momento existen alrededor de 40 mil altas de policías, de los cuales 30 mil están designados para salvaguardar la seguridad de funcionarios, instituciones privadas, centros comerciales y empresas, y únicamente 10 mil están asignados para la seguridad pública.

Tras advertir que si es gobernador de la entidad mexiquense no brindará un manto de impunidad a la administración del priista Eruviel Ávila Villegas. Incluso, adelantó que investigará este gobierno, así como el de Enrique Peña y Arturo Montiel Rojas.

Al hablar sobre la profesionalización de ministerios públicos, Óscar González comentó que las agencias se convierten en grandes cuevas de saqueos de los mexiquenses, desde vender las copias más caras hasta exigir dinero a cambio de no dar carpetazo a las denuncias de la ciudadanía.