La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la incorporación del Teniente Coronel retirado Julián Leyzaola Pérez como asesor operativo de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, ya que enfrenta cuatro denuncias por violación a las garantías individuales durante su paso por el servicio público.
Mediante oficio enviado por correo electrónico al alcalde de Cancún, Remberto Estrada Barba, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, solicitó de manera respetuosa e institucional tomar las providencias necesarias para evitar que en ese municipio ocurran actos violatorios de derechos humanos bajo el mando de Leyzaola, que empañen las acciones en materia de seguridad.
“La seguridad pública debe ser garantizada a todas las personas, pero no se logra violentando los derechos humanos, no es la arbitrariedad la que debe reinar para mantener el orden, pues esa es característica de los estados despóticos y autoritarios.
“El uso irracional de la fuerza pública es el que genera actos como los narrados en las recomendaciones citadas, donde el Estado lejos de generar confianza en sus instituciones, siembra desconciertos y resentimientos en la población”, explicó González Pérez.
Recordó que están acreditados los ilícitos cometidos por el Teniente Coronel retirado en las recomendaciones 87/2011 y 12/2015 emitidas por la CNDH, ya que enfrenta cuatro denuncias en que se hacen señalamientos en su contra: una averiguación previa y su acumulada ante la Procuraduría de Baja California, cuando era secretario de Seguridad Pública de Tijuana.
Otra más ante la Procuraduría General de la República, así como carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Chihuahua y otra de índole administrativo ante la Dirección General de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La recomendación 87/2011 tiene como origen hechos ocurridos en marzo de 2009, cuando se privó de la libertad, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, B.C., a dos civiles y 23 policías municipales.
La recomendación 12/2015 surgió por hechos ocurridos en abril de 2012, cuando seis policías del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, realizaron actos de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza en agravio de cinco personas, de las cuales cuatro fallecieron como consecuencia de ejecución arbitraria con disparo de arma de fuego y una logró sobrevivir.
En ese entonces, Julián Leyzaola Pérez era Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento juarense.
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