Más caro el caldo que las albóndigas; funerarias patito, un negocio estafador

Morirse hoy en día sale más caro económica y ambientalmente. Si el hombre o la mujer desea ser enterrado, sus familiares deberán enfrentar a las funerarias patito que ofrecen “promociones” que van de 6 mil 500 a 25 mil pesos, pero después del servicio no respetan los contratos y cobran hasta el llanto.

Pero, si la opción es la cremación el cadáver dejará 27 kilos de dióxido de carbono, contaminación que se suma a la que emiten los autos, talleres y fábricas en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, aseguró José Luis García, ingeniero químico del Instituto de Catálisis y Petroquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En ese sentido, la Sedema capitalina pretende crear una norma oficial que regule la operación de crematorios y fijar límites contaminantes permisibles, el procedimiento para su medición, así como las condiciones para la operación de los hornos.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Empresas de Servicios Funerarios (Comesef), se estima que existen 2 mil 500 de estos negocios irregulares en la CDMX, y de ellas 5 por ciento cuenta con un horno crematorio que opera de forma ilegal.

Tal es el caso de Doña Hortensia Martínez, a quien le ofrecieron dichos servicios para su hermano fallecido por un costo de 7 mil pesos, según lo apalabrado y sin un comprobante válido para cuestiones legales. Al finalizar el velorio, trasladar el féretro al panteón elegido, la cuenta se multiplicó en 12 mil pesos.

Ante la negativa de la señora Martínez de liquidar esa cantidad extra, los empleados de la funeraria amenazaron con ir a sacar el cadáver y dejarlo a la intemperie.

Nada pudo hacer para demandar a estos estafadores porque en el papel que le extendieron había unas claúsulas -que nunca leyó doña Hortensia- y que la impedían de proceder ante la Profeco.

Carecen de normas mínimas de higiene

En un recorrido realizado por Megalópolis MX a las afueras de clínicas privadas y hospitales públicos como La Raza y General, entre otros, se pudo constatar que funerarias de origen sospechoso, ofrecen sus servicios hasta en 25 mil pesos, dependiendo del gusto del cliente.

Incluso, no respetan los pactos y elevan las tarifas cuando quieren, bajo el argumento de que “ese documento o permiso no estaba contemplado” y también por cruzar la frontera, la línea divisoria entre la capital mexicana y el Edomex, ya ni se diga cuando el traslado es al interior de la República.

Los ataúdes que ofrecen como nuevos son reciclados hasta seis veces, carecen de las normas mínimas de higiene y no cuentan con los permisos que por ley deben tener de la Profeco, de las secretarías de Salud y Economía, así como de las delegaciones.

Estas funerarias pirata violan la ley al no tener registrado el contrato de adhesión ante la Profeco, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-036-SCFI-2007; no exhiben tarifas o precios en montos totales y negativa a informar términos, cargos y condiciones, a la rescisión del contrato, a la entrega del producto o servicio pactado y no respetar el acuerdo signado.

Autoridades buscan detener abusos lucrativos

Datos del Inegi, revelan que la industria de la muerte acompañada de los servicios funerarios, tiene un valor en el mercado de 8 mil millones de pesos, de los cuales 40 por ciento (3 mil 200 millones de pesos), los manejan las agencias funerarias patito.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Salud de la ALDF, Nora Arias Contreras anunció que este órgano está en espera de que las secretarías de Seguridad Pública y de Salud den a conocer los avances sobre los operativos y programas para combatir las ambulancias pirata que existen y circulan en las calles de la capital, engañando a los ciudadanos.

Así también se espera realizar una supervisión a fondo a estos “negocios” para constatar que actúan dentro de la legalidad, de lo contrario aplicarles la ley cerrándoles el establecimiento y sancionarlos de acuerdo con el delito cometido.

Tras reconocer que esta práctica no está debidamente regulada por autoridad alguna, Arias anunció que se elabora una iniciativa de ley para poner fin a los abusos lucrativos de las funerarias clandestinas, además de que algunas de ellas que revenden un ataúd en diversas ocasiones, podría derivar en un delito e impacto sanitario.

Cremación contribuye al daño ambiental

Otro grave problema que se enfrenta cuando alguien fallece es la contaminación que se genera cuando el cuerpo es cremado; los hornos expulsan al aire 27 kilos de dióxido de carbono, aunque no puede compararse a la polución producida por automóviles.

Pese a ello, la Sedema de la capital lanzó una convocatoria el 21 de marzo para la conformación de un grupo de especialistas que elaborará una norma ambiental encaminada a establecer los límites contaminantes permisibles en la cremación de cadáveres.

Joan Grimalt, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Aguas del CSIC, aseguró que la incineración es perjudicial al medio ambiente si las cenizas se concentran en un solo lugar.

Las cenizas en grandes cantidades pueden alcalinizar el terreno, cambiar su PH y deteriorar la tierra.

Del mismo modo las personas que viven cerca de un horno crematorio pueden tener problemas de salud como conjuntivitis, síntomas de asma y males cardiorrespiratorios.

La convocatoria de la Sedema establece que “con el fin de regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la generación de partículas, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno generados por los hornos crematorios de cadáveres humanos y restos humanos áridos, así como por los hornos de incineración de cadáveres de animales, resulta necesaria la creación de una Norma Ambiental con vigencia permanente”.