Tiraderos tóxicos, nuevo modelo de depredación ambiental en Puebla: Gerardo Pérez

La instalación del tiradero tóxico de la empresa Eica, en Palmar de Bravo, está destinada a generar un fuerte daño ambiental en la zona, además es el primer tiradero a cielo abierto que se instala en el territorio poblano, aseguró Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, "esa empresa tuvo problemas en comunidades de Morelos, de donde fueron expulsados".

"Es un proyecto muy peligroso para el medio ambiente, con daños irreversibles, pero además, es el primero en su tipo, en el Estado de Puebla, que causa daño por las toxinas y los uranios, que son micro-partículas que causan diversos tipos de daño al medio ambiente y al ser humano".

Lo lamentable es que las autoridades en turno de los tres órdenes de gobierno, son cómplices porque si se revisa toda la legislación al respecto, es fácil concluir que en muchos casos hay omisiones a la Ley General de Salud, pero además, hay daños ambientales que de entrada no se pueden cuantificar, pero que representan afectaciones serias a los procesos de sustentabilidad.

Los municipios, Estados y la federación, violan sistemáticamente la ley federal de equilibrio ecológico y por eso son co-partícipes de todos los daños ambientales y sociales que los tiraderos tóxicos generan en las regiones en que se instalan, "en Puebla, no hay otro tiradero tóxico a cielo abierto, este será el primero con esas características".

El académico, aseguró que tiraderos tóxicos con las mismas características es el primero que se instala en el territorio poblano, aunque se tienen registros que hay otros con las mismas características en Estados como Coahuila, Hidalgo y Morelos, donde ya se han generado problemas ambientales irreversibles.

Gerardo Pérez Muñoz, dijo que instalar un tiradero tóxico representa inversiones importantes, reveló que en el caso del proyecto de Palmar de Bravo hay inversiones con capital de Estados Unidos, por eso darán seguimiento puntual al proyecto, para denunciar públicamente todas las irregularidades que se detecten.