El presidente del organismo Luis Raúl González urgió al Gobierno de México ratificar la convención interamericana para ampliar la protección de los derechos de las personas adultas mayores.
La discriminación por razón de edad, el abandono y la marginación son formas de maltrato que tienen alta incidencia entre la población adulta mayor, por lo que es urgente que el Gobierno Federal firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandó lo anterior, tras asegurar que las personas, a medida que envejecen, deben continuar el disfrute de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en los ámbitos político, económico, social y cultural.
Expuso que las relaciones familiares empeoran cuando las personas adultas mayores se vuelven dependientes para su cuidado, e incluso la economía familiar se altera al contratar a personal para atenderlas, en tanto que la transgresión a sus derechos se relaciona en gran medida con el concepto de vejez, además de que se les excluye de la vida social y familiar o se les despoja de sus ingresos.
En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y del 25 aniversario de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, expresó que las personas adultas mayores son titulares de derechos y deben participar activamente en el diseño, implementación, financiamiento, evaluación y fiscalización de las acciones que se emprendan para su atención.
“Las políticas públicas en esta materia -dijo-, no pueden seguir considerando a la vejez como una carta identificada exclusivamente con carencias, dependencias y limitaciones”, y añadió que la discriminación, la invisibilidad y el aislamiento tampoco deben ser las realidades que definen el día a día la de los adultos mayores.
Luego de señalar que en el país están por concluir las consultas con las dependencias del Ejecutivo Federal y organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema, llamó a intensificar las respuestas para que la cancillería inicie los trámites para su firma y ratificación, lo que permitirá ampliar la protección de los derechos de las personas adultas mayores, así como favorecer el proceso de armonización de la legislación nacional y el establecimiento de los mecanismos para garantizarlos.
Destacó la existencia de obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores, por lo cual deben implementarse estrategias de prevención del maltrato a las mismas, campaña de sensibilización para el público y profesionales del tema, programas intergeneracionales en las escuelas y capacitación del personal de centros o albergues públicos y privados.
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