Envuelve escándalo de espionaje al gobierno de Enrique Peña Nieto

Un nuevo escándalo se destapó en México, luego de que The New York Times revelara que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos de nuestro país, mediante el software “Pegasus”, utilizado para perseguir a miembros del crimen organizado y terroristas.

Dicha práctica siempre ha existido, principalmente para rastrear a los “revoltosos”, los opositores y críticos de la administración en turno y a quienes representan un peligro para la seguridad de la nación.

El 19 de junio, el diario neoyorquino difundió un reportaje que puso al descubierto la red de “alambreo” a los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, además de Daniel Lizárraga, Sebastián Barragán, Rafael Cabrera y Salvador Camarena, y el hijo de la comunicadora, Emilio Aristegui -entonces menor de edad-.

Asimismo, aparece en la lista de espiados, Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez; de su staff, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre; Juan E. Pardiñas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

The New York Times también da cuenta del acecho implementado a Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; Luis Encarnación, de Contra Peso Coalition; Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, y los abogados de los padres de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

La investigación señala que desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas gastaron casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de NSO Group, una empresa de origen israelí. El programa “Pegasus” fue infiltrado en los teléfonos celulares de los personajes señalados.

Documentan casos de espionaje

Tras la revelación del espionaje, los periodistas involucrados encabezados por Aristegui y Loret presentaron una denuncia penal ante la PGR que documenta 88 casos, incluyendo 76 nuevos intentos.

“¿Cuántos delitos ha cometido el #GobiernoEspía contra la sociedad mexicana? Exijamos rendición de cuentas”, cuestionó Carmen Aristegui, identificada como una de las más críticas en el país, durante una conferencia donde los afectados exigieron al Ejecutivo que revele lo que hizo con toda esa información que ha recabado.

En la misma acusación se documenta el acecho a los abogados que investigan la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014; a integrantes de la organización impulsora de esquemas anticorrupción y activistas que han denunciado en distintas ocasiones el contubernio entre las empresas de alimentos y el gobierno, así como una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.

Niega gobierno espiar a periodistas y activistas

En tanto, autoridades negaron la información de The New York Times sobre el presunto espionaje telefónico realizado entre enero de 2015 a julio de 2016, y aseguraron que no hay pruebas de ello.

Eduardo Sánchez Hernández, vocero de Peña Nieto, indicó en su cuenta de Twitter:

“Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho. Por tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar la privacidad de cualquier persona”, sostuvo.

El portavoz presidencial invitó a las víctimas a que presenten su denuncia ante la PGR para que se realicen las indagaciones. Un día después, la Procuraduría por medio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) anunció el inicio de la investigación sobre el presunto espionaje a periodistas, activistas y abogados de los normalistas de Ayotzinapa.

La indagatoria que inició la FEADLE es por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, previstos en los artículos 177 y 211 Bis 1 del Código Penal Federal, respectivamente.