La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que la legislación laboral mexicana prohíbe el despido de una trabajadora o coacción para que renuncie por estar embarazada, cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
La dependencia brindó asesoría y recomendó que este tipo de casos, las trabajadoras soliciten ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que se le reinstale en el puesto que desempeñaba, o se le indemnice con el importe de tres meses de salario integrado.
Además, el pago de recibir las prestaciones de ley que le corresponden, como:
Salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses.
A través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Secretaría ofrece de forma gratuita y personalizada servicios de orientación y asesoría legal, conciliación y representación jurídica en todo el territorio mexicano.
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