Nuevo esquema de justicia no da el ancho; desata ola de violencia

Tras 7 años de ser implementado, el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) continúa presentando debilidades en su ejecución. Una vez entrado en vigor, este tenía el objetivo no solo en cambiar la forma de administrar justicia, sino también el policiamiento y la investigación delictiva. 

Los jueces debían concentrarse en los casos más difíciles que llegarían a los tribunales orales, aquellos asuntos más serios y de mayor impacto social. Mientras que los problemas menores se debían resolver en instancias menos importantes intentando conseguir la composición entre las partes y no solamente el castigo.

Buscaba aumentar el control judicial de las policías y ministerios públicos para garantizar la legalidad de las detenciones, la profundidad de las investigaciones y la solidez de las pruebas para acusar y procesar a las personas.

Respecto al proceso, este debía ser rápido para no mantener a imputados en prisión preventiva demasiado tiempo y saturar las cárceles con personas procesadas. Todo esto y muchos otros aspectos se incluyeron en una reforma ambiciosa que pretendía satisfacer todas las expectativas

de justicia de los mexicanos a nivel nacional.

Inexistencia de un Ministerio Público

De acuerdo con el estudio ¿Cómo se juzga en el Estado de México? realizado por la organización México Evalúa en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica, a partir de una revisión a mil 145 expedientes, entre las debilidades del sistema, se encuentra la baja capacidad de investigación policial bajo supervisión de la Fiscalía, el estudio señala que 91.7 por ciento de los imputados son detenidos en flagrancia, lo que indica la aparente inexistencia de un Ministerio Público que solicite activamente órdenes de aprehensión después de haber recabado datos de prueba.

El delito de robo agravado tiene una mayor presencia en los procesos juzgados; 49.2 por ciento, mientras que los porcentajes más bajos corresponden a lesiones; 5.3, delitos sexuales; 3.6, secuestros; 1.8, y homicidios dolosos; 1.3 por ciento.

De igual manera, se expone, que la mayor parte de los casos concluyen con un procedimiento abreviado con 61 por ciento con duración no mayor a 30 días, donde el imputado reconoce su responsabilidad penal a cambio de la reducción de la pena.

Son pocos los procesos en los que se logra un acuerdo reparatorio 11.7 por ciento, el cual implica resarcir el daño a la víctima y el cumplimiento con una serie de condiciones durante un periodo de 6 a 24 meses.

Abogados no cumplen con sus funciones

Existe un avance en cuanto a la comunicación de derechos a los imputados al registrar bajos porcentajes de omisión por parte de los cuerpos policiacos. El estudio indica que persiste la práctica de la tortura, donde se detectó que en 2 de cada 10 casos hubo tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual no tuvo consecuencias ni para quienes incurrieron en dichos actos ni en el proceso penal.

Respecto a la defensa de los imputados, el documento señala la existencia de carencias en la labor de los abogados a favor de sus clientes, pues apunta a que estos son diferentes a la actuación del Ministerio Público, al incurrir en conductas como el no haber presentado pruebas en las etapas de investigación.

Sobre estos hallazgos, la directora general de México Evalúa, Edna Jaime Treviño, planteó una serie de recomendaciones con la finalidad de que se mejore la calidad de la justicia no solo en la entidad, sino en todo el país.

Consideró que la reforma es “fundamental para el país, porque busca poner al sistema alineado con las instituciones y poner al centro los derechos humanos”.

Aseguró que, antes de decir que se trata de un fenómeno de liberación masiva, hace falta “ponerle números y entender las razones de esta”. Afirmó que puede ocurrir “porque los ministerios públicos no hacen bien su trabajo, o porque el primer respondiente no resguarda la escena, y si ese es el problema, la solución ¿es cambiar el modelo o acelerar el paso con la capacitación?”

Jaime Treviño recordó que los gobiernos estatales “tuvieron 8 años de tránsito para capacitar, para cambiar modelos de gestión, para profesionalizar, para establecer”. Finalmente, sostuvo que la reforma de justicia penal es un gran paso, “ la cual nos va a permitir construir un estado de derecho”, por lo que consideró que “sería fantástico tener canales de comunicación para fortalecerlo”.

FGJEM, a favor de revisar el modelo

En medio de la discusión sobre las deficiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, se pronunció a favor de revisar el modelo y hacer las adecuaciones necesarias para impedir que el esquema se convierta en un resquicio para la liberación de delincuentes.

Ante la serie de señalamientos sobre la poca capacitación de policías, ministerios públicos y jueces ante el esquema, Gómez Sánchez sostuvo que es necesario actualizar la ley, así como a los persecutores del delito y a los aplicadores de la justicia.

“Ha habido dichos y señalamientos de que a partir del Sistema de Justicia Penal Acusatorio es cuando ha habido un incremento en la incidencia delictiva, podría ser un factor y es una cosa que se tiene que analizar. No quiero pronunciarme en un sí absoluto o en un no definitivo”, puntualizó el fiscal.