Un estudio realizado por el Imco, arrojó que 73 por ciento de los ciudadanos-víctima, probable responsable o testigo, “no regresaría al Ministerio Público porque pierde el tiempo y no arreglan nada”.
Morelos fue uno de los primeros estados en implementar el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA). Durante el último año se realizó un estudio por abogados del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), quienes demostraron que dicho esquema legal no ha logrado cumplir los objetivos planeados en su creación, además de encontrar que persisten inconsistencias en los procedimientos de investigación criminal y descontento por parte de los elementos de la policía con sus tareas.
El estudio Nueve años de ocurrencias en justicia penal; evidencias para entender la crisis de la impunidad, el Imco sondeó la percepción tanto de los morelenses como de las mismas autoridades en materia de implementación de justicia.
Se revisaron 811 expedientes criminales en delitos de robo y homicidios; 174 del viejo sistema penal y 637 del nuevo; se realizaron 236 entrevistas a policías, peritos, ministerios públicos, defensores públicos y 283 encuestas a ciudadanos.
Inconsistencias en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Entre los resultados, destaca que 73 por ciento de los ciudadanos-víctima, probable responsable o testigo, “no regresaría al Ministerio Público porque pierde el tiempo y no arreglan nada”; 48 por ciento dijo que el servidor público solicita o insinúa algún pago o beneficio; y 43 por ciento declaró haber hecho un pago extra a un agente del Ministerio Público; mientras que 21 por ciento respondió haber hecho lo mismo con la Policía.
Respecto a las autoridades, domina el malestar con las condiciones con las que desempeñan su labor, ya que 87 por ciento de los policías encuestados respondió que su salario no corresponde a la carga de trabajo que realiza, además de que 43 por ciento recordó no haber recibido capacitación en materia de derechos humanos.
De la misma manera, se registró que los defensores públicos desconocen los procedimientos, dado que 70 por ciento no mencionó que se debe registrar a la autoridad que detiene, 50 por ciento no indicó que se debe registrar el lugar de la detención y 44 por ciento no señaló que se debe registrar la hora de la aprehensión, sostuvo Ricardo Corona, director del área Jurídica del Imco.
Aunado a esto, 78 por ciento de los defensores encuestados desconoce que se debe acordonar el lugar donde se suscitó un delito; 76 por ciento no mencionó la importancia que tiene entrevistar a un testigo; y la mitad no mencionó que se debe resguardar el lugar del ilícito.
Asimismo, 93 por ciento de los peritos y empleados de los ministerios públicos coincidió que el salario que tienen no corresponde a las tareas que desempeñan y 53 por ciento aseguró “que la mayor causa de rezago en el Ministerio Público es la insuficiencia de agentes”.
Índices delictivos bajan, según Graco
El gobernador Graco Ramírez informó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos ocupa el lugar 14 a nivel nacional en cuanto a incidencia delictiva. “Estamos en el lugar 14 por delitos. Abandonamos los 10 primeros lugares en incidencia delictiva”, sostuvo el mandatario.
Luego de que el Imco presentó la evaluación del Nuevo Sistema, Graco subrayó, “Aquí está la realidad del esfuerzo que hemos hecho con la sociedad y todos nosotros como gobierno”, tras escuchar las acciones que el Instituto de la Defensoría Pública, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía General han realizado para atender las recomendaciones que emitió el Imco en torno a la aplicación del Sistema de Justicia Oral.
Graco Ramírez aludió el trabajo de los defensores de oficio, la implementación del Plan de Sectorización por Cuadrante por parte de la CES, así como el cambio de Procuraduría a Fiscalía General del Estado.
“Hemos generado una serie de mejoras, buscando el ideal de que se aplique la ley, y quien sea responsable pueda ser sometido”, apuntó el mandatario estatal.
En tanto, Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció la apertura de Morelos a la evaluación.
Además de que gracias a esta pudieron conocer algunas fortalezas de la entidad, las cuales la tienen hoy como ejemplo nacional, de manera específica se refirió al incremento de la garantía de las evidencias, incremento en las pruebas realizadas en investigación de los delitos de homicidio y robo especialmente a través de criminalística de campo, fotografía y química forense.
“Esos son grandes indicadores que tenemos que explotar y buscar implementar en otras entidades federativas”, puntualizó el secretario.
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