De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), con la entrada en funciones del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el pasado miércoles, las empresas que sobornen, falsifiquen datos, hagan mal uso de recursos públicos o se coludan con el gobierno para obtener ventajas en compras y obras públicas, serán acreedoras de multas que van desde los 75 mil 490 pesos.
Asimismo, el Artículo 81 de la Ley establece sanciones que incluyen la inhabilitación temporal; suspensión de actividades de 3 a 36 meses; disolución de la sociedad e indemnización a la Secretaría de Hacienda.
En el marco normativo del país, por primera ocasión, las empresas serán responsables y sujetas a sanción en caso de estar involucradas en actos ilícitos y de corrupción.
Transparencia Mexicana (TM) celebró el hecho y recomendó a las compañías implementar manuales de organización y procedimientos, códigos de conducta, sistemas de vigilancia y auditoria, así como organismos de denuncia internos y externos.
La abogada corporativa de Mexicanos Contra la Corrupción, Eugenia Castañeda, indicó que las atenuantes en la Ley están hechas para que las empresas puedan adaptarlas a sus estratos y sectores.
“El manual de organización no será lo mismo para una empresa pequeña que para una grande, tampoco hay un reglamento que refiera como debe ser”, aseguró.
Los artículos 66 al 72 de la LGRA señalan los actos de particulares que se pueden vincular con faltas administrativas de funcionarios públicos. Entre ellos se encuentran incurrir en sobornos, tráfico de influencias, uso de información falsa y colusión.
Del mismo modo se sancionará a las firmas por participación ilícita en procedimientos administrativos.
De acuerdo con el Artículo 91 de la Ley, las investigaciones pueden iniciar de oficio, por denuncia o producto de auditorías internas externas.
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