Sobran casos de corrupción; el fiscal brilla por su ausencia

En materia de corrupción, el Estado de México destaca con casos de mucha relevancia, como cuando fueron divulgados de manera anónima audios, donde ejecutivos acordaban supuestos aumentos de peaje en autopistas del Edomex a cambio de pagar las vacaciones de un funcionario estatal, así como el pago de sobornos en términos “usuales” a magistrados.

Aunque OHL México negó en todo momento la veracidad de dicho material, su director de relaciones institucionales, Pablo Wallentin, tuvo que renunciar, así como Apolinar Mena Vargas, secretario de comunicaciones de la administración de Eruviel Ávila.

Cuatro meses después, Mena Vargas regresó al gobierno estatal como secretario técnico del gabinete, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, se volvieron a filtrar grabaciones en las que intenta falsear cifras para obtener dinero del estado en el último proyecto que parece ser el Mexibús.

Otro caso muy sonado fue el del exmandatario priista Arturo Montiel, quien fue acusado por su exesposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus 3 hijos, a pesar de que la primera cuenta con la custodia.

Luego de ese escándalo, Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005 tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia, sin embargo, en la actualidad no enfrenta ninguna denuncia en su contra.

Tras estos hechos, Eruviel Ávila aseguró que se trabaja en el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y el Estado de Derecho. 
Asimismo, el gobernador mexiquense señaló haber instruido a alcaldes, diputados, regidores y funcionarios a no caer en actos de corrupción y redoblar esfuerzos

Sistema Local Anticorrupción,presenta ajustes, para variar

Hace unas semanas, dio inicio la aplicación del SLA, uno de los estados más corruptos a nivel nacional de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que fue dada a conocer por el Inegi.

Dicho sistema requirió la reforma de 8 ordenamientos estatales y la instauración de un esquema similar en los 125 municipios que fue calificado por la propia administración estatal como pionero a nivel país.

Además, arrancó sin impugnaciones de los miembros de la Legislatura al nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción, José de la Luz Viñas Correa.

El nuevo SLA previó una serie de ajustes, como el cambio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el Tribunal de Justicia Administrativa que se encargará de sancionar conductas graves de funcionarios y servidores públicos en materia de corrupción.

Los primeros estarán obligados a presentar su 3 de 3 (fiscal, patrimonial y de intereses) con comprobante de acuse de recibo de la declaración fiscal ante la Secretaría de la Contraloría.

De la misma manera, fueron aprobados por mayoría 7 magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quienes estarán en el cargo por 10 años y fueron propuestos por Eruviel Ávila. 

Algunos de ellos fueron objeto de cuestionamiento, como la hija de los perredistas Rocío Merlos y José Luis Jaime Correa, Arlem Sui Jaime Merlos.

Los otros son Gerardo Rodrigo Lara García, América Elizabeth Trejo de la Luz, Rafael González Oses, Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, Lydia Elizalde Mendoza y Claudio Gorostieta.

SLA, sin concretar integrantes del CPC

De igual forma, el Sistema Local Anticorrupción, comenzó a funcionar también sin haber definido a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana que fungirán por 3 años en el cargo.

Su creación se deriva del par de iniciativas presentadas por el Ejecutivo y la fracción legislativa del PAN que fueron aprobadas en marzo y que consideran también contar con un Sistema Estatal de Fiscalización y una plataforma digital.

Los 8 ordenamientos que sufrieron reformas fueron: las leyes Orgánicas de la Administración Pública de la Entidad, del Poder Legislativo y Judicial, así como la Municipal; la Ley de la Comisión de Derechos Humanos Mexiquense, de la UAEM, de la Fiscalía General de Justicia y de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.

Esta nueva normatividad tipifica los actos de particulares vinculados a actos de corrupción en temas relacionados con soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias para inducir a la autoridad, utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, la colusión, uso indebido de recursos públicos y la contratación indebida de exservidores públicos.