Por medio de herramientas legales se le otorgan facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. De esta manera, se podrá sancionar a los servidores públicos que se les compruebe un mal uso del poder, quienes serán sujetos de una suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones.
El 22 de julio, diputados del Congreso del Estado culminaron con la construcción legal del Sistema Estatal Anticorrupción, al aprobar las 5 leyes secundarias, entre las que está el Código Penal, el cual compone el andamiaje jurídico, sin embargo, aún está pendiente la designación del fiscal anticorrupción, que de acuerdo con el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Luis Baños Gómez, podría quedar definido hasta septiembre.
Asimismo, el jueves pasado se subieron al pleno y aprobaron las 2 convocatorias que determinarán esta fase del sistema anticorrupción, la primera de ellas fue para la conformación del Comité de Selección y la segunda para la elección del fiscal.
Hidalgo quedó entre los 6 últimos estados en concluir la Nueva Ley Anticorrupción, sin embargo, el 22 de julio se aprobaron las reformas a las leyes secundarias que son Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Expedición de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, Reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, además de reformas y adiciones al Código Penal.
Por medio de estas herramientas legales, se le otorgan facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. De esta manera, se podrá sancionar a los servidores públicos que se les compruebe un mal uso del poder, quienes serán sujetos de una suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones, cargos, comisiones, empleos o profesiones.
Incrementan sanciones; amplían la definición de las infracciones
Al Código Penal se agregó el título décimo sexto, el cual se refiere a “Delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares”, al que le serán aplicados al gobernador, diputados locales, magistrados y consejeros del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, procurador general de justicia, consejeros electorales locales, magistrados comiciales estatales, alcaldes e integrantes de los ayuntamientos.
Respecto a los ilícitos: tráfico de influencia, penas de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 200 UMA; enriquecimiento ilícito, de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 30 a 100 UMA; uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con particulares, penas de 3 a 6 años de prisión y multa de 20 a 100 UMA.
Mientras que para intimidación, las penas son de 1 a 5 años de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor diario de la UMA; uso ilícito de atribuciones o facultades, sanciones de 1 a 8 años de prisión y multa de 50 a 250 UMA.
Requisitos que debe tener el fiscal anticorrupción
Aún hay varios pendientes, como la conformación del Comité de Participación Ciudadana y organismos, como el Tribunal de Justicia Administrativa, además de la figura representativa que es el fiscal anticorrupción.
En el caso del Comité de Selección, se dio a conocer que estará compuesto por 9 personas de la sociedad civil, de éstas 5 serán propuestas de universidades y 4 de organizaciones civiles, además de que tendrán un salario por honorarios, es decir, que no generarán prestaciones laborales.
En tanto que del fiscal anticorrupción, durante la semana pasada, se trabajó en la convocatoria, la cual entre otros requisitos buscará un perfil que sea abogado, mayor de 35 años, sin antecedentes penales, en pleno uso de sus derechos civiles.
En tanto que los integrantes del Comité de Selección deberán de desempeñarse de preferencia en el sector académico o iniciativa privada, además de que no cuenten con un cargo de elección en los 5 años atrás al momento de su selección.
Luis Baños destacó que el formato para el fiscal anticorrupción se realizó por consenso de los partidos, a propuesta de Acción Nacional en un formato amplio que permite consenso de todas las fuerzas políticas.
De igual manera, la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, afirmó que se lanzará una convocatoria pública, en la cual se elegirán a 10 perfiles, éstos se enviarán al Ejecutivo, quien finalmente consignará una terna de las 10 propuestas originales. Para que sean los legisladores quienes definan al fiscal.
Este procedimiento, destacó el panista Baños, podrá tener un lapso de 90 días, por lo que se prevé que a finales de septiembre ya se cuente con todo el Sistema Anticorrupción para que empiece a funcionar.
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