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En veremos, continúa la política anticorrupción

Fernando Pérez Corona 2017-07-31 - 07:25:18

Puebla, tiene el quinto peor proceso para establecer el esquema legal requerido, originalmente para la aplicación del SEA, de acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En teoría, el 19 de julio entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sin magistrados y fiscal especializado; solo 10 entidades han armonizado con la federación sus leyes locales en la materia, entre las cuales está Puebla, pero tiene el quinto peor proceso para establecer el esquema legal requerido originalmente, de acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

La LIX Legislatura aprobó en octubre una serie de reformas a la Constitución Política y en diciembre expidió el decreto de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, la cual faculta a la Auditoría Superior local, actualmente presidida por David Villanueva Lomelí, a revisar el ejercicio de los recursos y a auditar la deuda pública, y el Congreso local a aprobar las cuentas públicas en un lapso de 8 meses, como máximo.

Asimismo, crea el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura, el cual obliga a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses; establece que los diputados deben elegir al contralor estatal y permite la instalación de la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

En este renglón, vale la pena recordar que como ha sucedido en otros 7 estados, ya ha sido designado el nuevo fiscal anticorrupción: Enrique Flota Ocampo, a quien se le ha considerado como una persona impuesta por el exmandatario Rafael Moreno Valle Rosas, sobre todo porque en 2015, cuando era fiscal Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, recibió la instrucción de ofrecer a nombre del gobierno estatal disculpas a Elia Tamayo por la muerte de su hijo de 13 años de edad a manos de policías estatales, durante el desalojo de manifestantes el 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan.

Aprueban leyes anticorrupción sin informar a la ciudadanía

Ante la lentitud legislativa, Fundar convocó a 14 organizaciones de la sociedad civil, de la academia y el sector empresarial para evaluar los procesos de las leyes anticorrupción con base en los principios de Parlamento Abierto en 13 entidades de la República.

Las conclusiones advirtieron que “en la mayoría, las leyes anticorrupción se aprobaron sin proporcionar información necesaria a la ciudadanía para debates de fondo y además con espacios de participación ciudadana acotados”.

La evaluación critica fue que “la apertura todavía muy deficiente de los Congresos locales en los procesos de discusión de las leyes”, pese a que “el rol de la sociedad civil es fundamental para el combate a la corrupción y empieza desde la elaboración de las leyes de los sistemas anticorrupción”.

La asociación fundada en 1999 y que actualmente es presidida por Kristina Pirker, concluyó que en este proceso hay una brecha importante entre las expectativas de la sociedad civil local y la realidad.

“Las organizaciones que buscaron incidir en los procesos de discusiones de los Sistemas Locales Anticorrupción tuvieron que concentrar sus esfuerzos en conseguir la información de manera oportuna y hacer escuchar su voz en las discusiones. Si bien, hay que reconocer que se abren cada vez más los espacios a la participación ciudadana, se sigue incumpliendo con las obligaciones básicas de transparencia y rendición de cuentas que merman los trabajos de las organizaciones como la publicación en tiempo de las iniciativas, de los dictámenes y de las sesiones de trabajo de las comisiones dictaminadoras”, especificó Fundar.

Proceso del Comité de Participación Ciudadana del SEA, no transparente

Respecto al hecho de Lilia Vélez Iglesias, directora del Departamento de Humanidades de la Ibero Puebla, cuestionó que en octubre 2016, haya sido aprobada, sin ningún tipo de participación ciudadana, la reforma a la Constitución de Puebla.

De acuerdo con su exposición, la iniciativa de Moreno Valle, decretada por los legisladores, “fue criticada por las modalidades de designaciones del fiscal anticorrupción y de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues blindó al ahora exgobernador”.

En un segundo momento, refirió que a petición expresa del Consorcio Universitario, integrado por la Ibero Puebla, ITESM, UPAEP, Umad y la UDLAP, así como de la Coparmex, el Congreso local aceptó opiniones de estas instituciones sobre la legislación secundaria, pero “no hubo convocatoria pública para que otras organizaciones opinaran o participaran”, subrayó.

En diciembre, el Consorcio entregó un documento de análisis sobre las iniciativas de leyes del SEA; de Responsabilidades Administrativas y Orgánica de la Administración Pública de Puebla, las cuales habían sido enviadas por Moreno Valle y que, finalmente, fueron aprobadas.

En cuanto a la designación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Vélez Iglesias comentó que se había solicitado transparencia “que las comparecencias de los candidatos se transmitieran en el sitio web del Congreso y que la metodología y los criterios de evaluación se publicaran con antelación”.

De tal suerte, abundó que fueron propuestos 19 candidatos, entre ellos a 4 rectores del Consorcio, al presidente de Coparmex y al rector de la BUAP, que hasta ese momento se había mantenido ajena al tema, así como a otras personas.

“Periodistas y organizaciones criticaron que los 2 rectores con mayores aportaciones, pero

más críticos, no resultaran electos, y sí otras personas, de quienes no se conoce ninguna aportación”.

Por lo anterior, concluyó que el proceso no fue transparente, pues el Congreso local no ha hecho públicos los documentos fundamentales, entre ellos los expedientes y la evaluación de los participantes.

Puebla, dentro de las entidades sin CPC

El presidente de Grupo Litigium, Gonzalo Castillo, aseguró que la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción en Puebla es ilegal, ya que violó todos los plazos establecidos para que tuviera efecto jurídico.

Desde su perspectiva, la Ley del SEA, la cual entró en vigor el 28 de diciembre, estableció que dentro de los 40 días naturales (después de la entrada en vigor), el Congeso local tenía la obligación de elegir al Comité de Selección, el cual debe nombrar a los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana; sin embargo, fue autorizada hasta el pasado 4 de julio, lo que representó 5 meses de retraso y que siga pendiente la conformación del Comité Estatal de Participación Ciudadana, que debería estar listo el pasado 17 de marzo.

Desde su punto de vista, admitió que este problema no es exclusivo de Puebla, pues la mayoría de las entidades federativas han caído en los mismos vicios, ya que salvo Querétaro, ninguno tiene Comité de Participación Ciudadana.

Propone Gali aumento de 3 a 7 magistrados el TJA

El Congreso local, aprobó por unanimidad la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, cuya Ley Orgánica establece hasta 6 meses para que inicie operaciones, después de la integración del SEA, el cual debe estar regido por el Comité Coordinador, mismo que debe sumar a la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un integrante del Consejo de la Judicatura y otro del gobierno del estado, además del Comité de Participación Ciudadana, cuyos integrantes serían electos en noviembre, de acuerdo con lo que dijo el rector de la Anáhuac e integrante del Comité Seleccionador, José Mata Temoltzin, en entrevista previa.

En este tenor, calculó que tentativamente el próximo 10 de agosto presentarán los lineamientos de la elección de los 5 perfiles que integrarán el organismo para que en un plazo máximo 90 días concluya este proceso.

Para rematar, el gobernador Tony Gali Fayad envió al Congreso local una iniciativa para proponer el aumento de 3 a 7 magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa y también incrementar sus gestiones de 13 a 15 años, tras la modificación del párrafo tercero de la fracción X del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla.

Cabe recordar, como ya se explicó, que hace 2 semanas, la LIX Legislatura aprobó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, órgano que conforma el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que este proceso sería todavía más largo.