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Tlaxcala, en la opacidad y sin fiscal anticorrupción

Pedro Morales 2017-07-31 - 07:27:38

Los tres poderes y los municipios de Tlaxcala navegan en aguas de ilegalidad e impunidad en cuanto a la rendición de cuentas. El Legislativo es el que supuestamente sanciona y vigila a todos, pero nunca ha permitido justificar sus actos, sobre todo si se trata de transparentar, y menos sus dietas y recursos para gestión social a fondo perdido que deberían ser abiertas al público.

En Tlaxcala, como a nivel nacional, fue instalado fast track el Sistema Nacional Anticorrupción, porque es una demanda de la sociedad y es una exigencia para controlar, prevenir y castigar la corrupción.

En la entidad, inicia sin su fiscal y con preocupantes señales de que será dependiente o satélite de los 3 poderes, en particular del Ejecutivo.

Históricamente, para nadie en Tlaxcala es un secreto que los entes públicos tratan a toda costa de que sus acciones no se transparenten, ni mucho menos que se hagan públicas, desde sus declaraciones patrimoniales, hasta los detalles en la aplicación de los recursos públicos y sus resultados.

Es la contratación de proveedores, del pago con recursos del pueblo de la publicidad oficial en medios impresos, electrónicos o digitales, de servicios profesionales de consejeros que cobran sueldos multimillonarios, como asesores internos o externos.

Los 3 poderes y los municipios navegan en aguas de corrupción e impunidad, en cuanto a la rendición de cuentas; por un lado se ubica a un poder Ejecutivo que ya no justifica al pueblo de manera abierta.

Va a paso lento la creación del Sistema Estatal Anticorrupción

Al inicio de su gestión, el titular del Ejecutivo, Marco Mena, envió a los diputados su iniciativa, donde propuso la creación del SEA, derivado del acuerdo federal, como la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales.

Supuestamente, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, sistema que constará de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.

De la iniciativa también destaca la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y que estará integrado por 3 magistrados.

Se propone la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial y de interés ante la autoridad competente, de acuerdo con la ley de la materia.

Además, la prescripción para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando se trate de faltas no graves, sea de 3 años, y tratándose de faltas graves o particulares sea de 7 años.

Incluso, el mandatario Mena planteó que los entes públicos estatales y municipales cuenten con órganos de control interno para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa.

Como era de suponerse y al filo del último minuto, los integrantes de la LXII Legislatura local aprobaron fast track, la iniciativa del gobernador que en los hechos habrá que esperar a que funcione.

Aunque el Comité Coordinador y un CPC están condenados a ser un ente más al servicio del mandatario en turno y de algunos partidos políticos.

El resultado visible es la complicación de la transparencia con la creación de entes fiscalizadores que son un cero a la izquierda, es el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.

El OFS se hace de la vista gorda

De igual manera, está claro que desde la creación del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), desde hace casi 15 años, ha servido para solapar excesos, desde donde diputados locales avalan para que sea más sólido el paraíso de la corrupción e  impunidad en Tlaxcala.

El Legislativo es el que supuestamente sanciona y vigila  a todos, pero que nunca se ha permitido rendir cuentas de sus actos, sobre todo si se trata de transparentar sus dietas que deberían ser publicitadas.

Con chicanada tras chicanada, los 25 diputados solapan las irregularidades de las cuentas públicas, y ni se diga de los partidos políticos, mucho menos abren sus cuentas a los entes fiscalizadores de recursos para “gestión social” de los que pocos rinden cuentas en qué los aplican.

El poder Judicial no se queda atrás, los sueldos de jueces y magistrados tampoco son transparentados a satisfacción, mucho menos son públicas las formas de cobro al ciudadano por ventilar un juicio.

Menos hay transparencia ni intención por aplicar una sentencia o por hacer públicas las fianzas que imponen a homicidas, defraudadores, violadores, secuestradores y demás ralea delincuencial que dicen compran la justicia impunemente.

Nadie deja huella de su actos, si se toma en cuenta que de entrada las contralorías internas dedican sus esfuerzos diarios en ocultar los malos manejos, en la historia reciente no se sabe sobre alguna sanción o inhabilitación de algún funcionario por corrupto.

Es algo similar a lo que ocurre con los llamados juicios políticos, que ahí están y que son semejantes a las recomendaciones de los derechos humanos y en Tlaxcala, el asunto de la transparencia es como las llamadas a misa.

Cambios constitucionales de última hora, solo para justificar el trabajo

Los diputados locales integrantes de la LXII Legislatura aprobaron de última hora y por mayoría de votos el Sistema Estatal Anticorrupción desde la Constitución del Estado, que fue propuesto por el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena.

Los cambios fueron avalados por los legisladores del PRI y sus aliados, mientras que los del PAN se pronunciaron en contra de las reformas que proponen la creación del Tribunal de Justicia Administrativa.

Argumentan que el TJA, será dependiente del poder Judicial y el Congreso, sea quien designe a los contralores internos de los organismos autónomos, con la aprobación del mencionado sistema, se eliminó la figura de Sistema de Ética e Integridad que inicialmente había propuesto el Congreso local.

Dentro de los cambios legales se crearon la figura de un fiscal anticorrupción, un Consejo Ciudadano que vigilará la aplicación de la norma y un Consejo Coordinador para instaurar el sistema.

Por lo que respecta al Tribunal de Justicia Administrativa este formará parte del Judicial y a él se incorporará el magistrado Elías Cortés Roa, presidente de la Sala Administrativa del TSJE que desaparecerá.

Los 2 magistrados serán electos por el Congreso del Estado, una vez que reciban las propuestas que deberá enviar el gobernador.

También, los integrantes del Congreso validaron una adición para que ahora los diputados en turno designen, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la entidad.

Pese a la pretendida autonomía, la propuesta, que en su momento emanó del Ejecutivo local, prevé que los integrantes del nuevo Tribunal propondrán su presupuesto al presidente del TSJE para su inclusión en el proyecto de presupuesto del poder Judicial del estado.

El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares del OFS del Congreso local, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Contraloría del Ejecutivo, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado ; del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; por un representante del Consejo de la Judicatura del poder Judicial del estado y por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá.