Contratos con empresas alientan detención de migrantes en EUA

Contratos firmados entre autoridades de Estados Unidos y empresas dedicadas a la construcción y administración de cárceles alientan la detención de migrantes indocumentados, incluso de niños y mujeres, según el organismo Detention Watch Network (DWN).

En un informe difundido esta semana, la DNW reveló que contratos firmados entre la Oficina de Migración (ICE) o gobiernos locales con empresas privadas garantizan a los centros de detención una cuota mínima de personas detenidas, lo que alienta la política de mantener migrantes encerrados.

El documento señaló que los beneficios financieros que otorga ICE a empresas públicas y privadas por un número fijo y preestablecido de personas detenidas torna a los migrantes, incluso a niños, en una fuente de ingresos y ganancias para los contratistas.

Las cuota mínima de 34 mil camas que deben permanecer ocupadas de manera permanente en los centros de detención en Estados Unidos fue establecida en 2009 por el Congreso de Estados Unidos.

Esta cifra, critican organismos civiles, no tiene precedente y ninguna otra dependencia del gobierno opera con una cuota similar. Señalan además que es poco ético y que cuesta dos mil millones de dólares al año a los contribuyentes de Estados Unidos.

Adicionalmente a estas cuotas, el informe difundido esta semana destacó que existen mínimos establecidos en los contratos firmados entre la Oficina de Migración o gobiernos locales con empresas que construyen o administran empresas.

Estos cifras mínimas de personas detenidas está incluidas en al menos 24 contratos de centros de detención en el país, de acuerdo con la DWN.

Silky Shah, codirectora de DWN, afirmó que el informe “expone la extensión en la que las cuotas de detenciones locales incentiva la encarcelamiento de inmigrantes y alienta a ICE a seguir prácticas de cumplimiento de la ley que son punitivas e injustas”.

El documento estableció que los mínimos garantizados en contratos equivalen al menos a 12 mil 821 camas que deben estar permanentemente ocupadas por migrantes detenidos, cerca de 40 por ciento de la cuota de 34 mil fijada por el Congreso.

De esas 12 mil 821 camas que deben estar permanentemente ocupadas, 93 por ciento existen en instalaciones de empresas privadas, aunque algunos contratos son realizados con entidades públicas, como el caso del Centro Residencial Familiar Berks, en el estado de Pensilvania.

El informe también denunció falta de transparencia y resistencia de las autoridades para cooperar cuando les es solicitada información, lo que impide entender el panorama completo de qué tan extendidas y dañinas son estas cuotas, de acuerdo con la DWN.