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Estados se niegan a extinguir el fuero; sólo once entidades ya lo eliminaron

Sergio Ramírez 2017-08-07 - 06:46:28

Durante los últimos 73 años, en el Congreso de la Unión, solamente le han quitado dicha figura jurídica a 8 diputados y senadores, 4 de los cuales militantes del PRI; de ellos, 5 quedaron absueltos de los cargos; 1 está prófugo y 1 más fue condenado, mientras que el último está detenido en una cárcel de Estados Unidos.

Pese al incremento de actos de corrupción de gobernadores y exmandatarios, moches de diputados y de aquellos vinculados con el crimen organizado, o inmiscuidos en enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y desacato, en México 11 de los 32 estados del país han eliminado en su totalidad el fuero o inmunidad parlamentaria.

La desaparición total de esa figura jurídica, la cual data desde 1812, cuando fue contemplada en la Constitución de Cádiz, avanza a ritmos dispares en el ámbito local de las entidades federativas, cuyo auge comenzó apenas en 2016, siendo Jalisco el primero en eliminarlo para sus funcionarios, en una votación por unanimidad.

Hasta ahora, los que anularon el uso del fuero son: Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Campeche, Guanajuato, Baja California, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila y recientemente, Hidalgo; en tanto que el caso de la Ciudad de México, la medida aplicará a partir de 2018, como se estableció en la Carta Magna local.

En esta última entidad, la Asamblea Constituyente acordó eliminarlo en el artículo 66, que a la letra dice: “Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza de fuero”.

En contraste, el Edomex, Michoacán, Sonora, Aguascalientes y Tabasco, entre otras, son ejemplo de lugares, donde los legisladores continúan aferrándose a la protección constitucional.

Para febrero de 2017, el PVEM recicló la iniciativa para eliminar el fuero y la volvió a subir al Pleno del Legislativo local, sin embargo también fue turnada a dicha comisión de Gobernación, donde se mantiene sin ser analizada por los diputados locales.

Abusan del poder de la inmunidad parlamentaria

La utilización de dicha figura jurídica, ha sido mal interpretada por los legisladores y funcionarios públicos, como un caparazón de impunidad para cometer sus tropelías, y como ejemplo basta mencionar a los diputados del PRD, Julio César Godoy Toscano; la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena Sandoval; el extesorero Tarek Abdala Aziz, y el vocero Alberto Silva Ramos, ambos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Durante los últimos 73 años, en el Congreso de la Unión, solamente le han quitado el fuero a 8 diputados y senadores, 4 de los cuales militantes del PRI; de ellos, 5 quedaron absueltos de los cargos que les imputaban; 1 está prófugo y 1 más fue condenado, mientras que el último está detenido en una cárcel de Estados Unidos.

De acuerdo con datos históricos, el primer desafuero en el país fue en 1909 con José López Portillo y Rojas, abuelo del presidente José López Portillo (JoLoPo), al ser acusado de fraude, con lo que perdió su protección constitucional y cumplir una condena de 5 meses de prisión.

Los casos más recientes del siglo XXI, los protagonizaron los perredistas Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe capitalino; René Juvenal Bejarano Martínez, diputado local que apareció en varios “videoescándalos”, y el legislador federal por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, quien aún se encuentra prófugo de la justicia.

Tan solo el año pasado, la Cámara de Diputados le quitó el fuero a la legisladora local de Sinaloa, Lucero Sánchez López, la cual había sido señalada por ingresar con documentos falsos al penal de El Altiplano para visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Promueve Fox desafuero de AMLO

En la era moderna de México, el tema más controversial se presentó en el sexenio del panista Vicente Fox Quesada, que emprendió una persecución contra el entonces jefe capitalino, Andrés Manuel López Obrador, por medio de la PGR a cargo en ese momento del general Rafael Macedo de la Concha.

La administración federal armó el expediente contra el tabasqueño, acusándolo de desacato al violar una orden judicial que establecía la suspensión de la construcción de una calle en el predio El Encino, expropiado años atrás.

Obrador tenía inmunidad jurídica (fuero parlamentario), es decir, no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal a menos que el Congreso de la Unión, por alguna excepción, decidiera retirárselo.

A un año de la elección presidencial y por el peligro que representaba López Obrador, el gobierno foxista solicitó, por medio de la PGR, un juicio de desafuero al Congreso, para que el entonces mandatario capitalino respondiera ante la justicia por sus presuntas responsabilidades administrativas.

El desafuero se consumó el 7 de abril de 2005. Como consecuencia se produjeron grandes manifestaciones populares en rechazo y el expresidente Vicente Fox terminó por anunciar la marcha atrás de su gobierno en el proceder contra López Obrador.

La PGR solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el juicio de desafuero del entonces jefe de gobierno. El 1 de abril de 2005 un subcomité de 4 legisladores avaló la petición y la presentó al Pleno, donde 360 priistas y panistas votaron a favor, en tanto que 127 representantes populares del PRD, la rechazaron, además de 2 abstenciones.

Luego del proceso de desafuero, el 8 de abril de ese año, Obrador abandonó la oficina del Gobierno del Distrito Federal, y en el cargo quedó Alejandro Encinas Rodríguez.

El 4 de mayo de 2005, la Procuraduría General de la República a través de su titular Marisela Morales, anunció que descartaba los cargos contra López Obrador por un tecnicismo legal.