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En la congeladora, la eliminación del fuero

Laura Arreazola 2017-08-07 - 06:49:45

El presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de México, Raymundo Guzmán Corroviñas, calificó de innecesario la inmunidad parlamentaria que ostentan diputados, alcaldes y en general la clase política.

El Estado de México es una de las entidades, donde el fuero político no es prioritario, sin embargo, muchos funcionarios son partícipes de escándalos, en materia de corrupción.

Entre los casos más sonados, se encuentra el de OHL, cuando audios fueron divulgados de manera anónima, en los cuales ejecutivos acordaban supuestos aumentos de peaje en autopistas del Edomex a cambio de pagar las vacaciones de un funcionario estatal, así como el pago de sobornos en términos “usuales” a magistrados.

Desde 2010, OHL México registra ante la Bolsa Mexicana de Valores como “activos financieros” recursos que, sin fundamento, afirma que espera recaudar, por medio de las 2 concesiones que obtuvo en la entidad: el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.

De la misma manera, la organización Ahora, ha acusado a la empresa de ser la que sostiene económicamente y desde hace años, las campañas del PRI en el estado.

Según esa agrupación civil, miles de millones han sido sacados de los servicios públicos, es decir, bolsillos de los mexiquenses, para que el partido en el gobierno pueda comprar elecciones.

En su momento, OHL México ha negado en todo momento la veracidad de dichas acusaciones. Sin embargo su director de Relaciones Institucionales, Pablo Wallentin Crawford, tuvo que renunciar, así como Apolinar Mena Vargas, secretario de Comunicaciones de la administración de Eruviel Ávila Villegas.

Cuatro meses después, Mena Vargas regresó al gobierno estatal como secretario técnico del gabinete, como si nada hubiera pasado. No mucho después, se volvieron a filtrar grabaciones, donde intenta falsear cifras para obtener dinero del estado en el proyecto que parece ser el Mexibús.

Otro funcionario público que también fue acusado de corrupción es el exgobernador priista Arturo Montiel Rojas, a quien su exesposa, Maude Versini, hizo responsable de secuestrar a sus 3 hijos.

Luego de ese escándalo, Montiel se retiró de la carrera presidencial de 2005, tras las denuncias de las mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia, sin embargo, en la actualidad no enfrenta ninguna denuncia en su contra.

Diputados estatales, califican como innecesario el fuero 

El presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de México, Raymundo Guzmán Corroviñas, calificó de innecesario la inmunidad parlamentaria que ostentan diputados, alcaldes y en general la clase política.

En ese contexto, el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa de ley para eliminarlo de la entidad, ya que, señalaron, hoy en día la situación social que se vive en el país es muy distinta a la que se planteaba cuando surgió el fuero, hoy ya está rebasado y se ha prestado a esquemas de impunidad, por lo que es indispensable abatirlo.

Asimismo, firmaron que el desafuero debe ser para toda la clase política, aunque -según refirieron- en el Estado de México no se tienen casos del mal uso de éste.  A la fecha la iniciativa, está congelada en el Congreso local.

Organizaciones civiles exigen revocar el fuero

De igual manera, 30 asociaciones civiles, congregadas en el Frente Ciudadano Mexiquense, exigieron la adopción de medidas para eliminar la protección del fuero constitucional de los funcionarios públicos, la aprobación de la revocación de mandato y la creación de una plataforma “3de3” estatal y una de apertura de licitaciones y contratos de obra pública.

Luego de los señalamientos a la administración de Eruviel Ávila por presuntamente utilizar recursos públicos con fines electorales, el colectivo también planteó crear mecanismos de transparencia y contraloría social en todos los programas de apoyos y dar autonomía al Órgano de Evaluación de la Política Social del Estado.

Solicitaron que se abra a la sociedad el proceso de homologación del Sistema local Anticorrupción y que se fortalezcan las atribuciones de sanción y supervisión del Instituto de Transparencia del Estado.

El conjunto de propuestas incluye, elaborar un proyecto de Ley de Participación Ciudadana que, además de la revocación de mandato, contemple ejercicios de presupuesto participativo, organismos de representación vecinal y mecanismos de apertura de todas las reuniones de deliberación de autoridades públicas.