A medias y con deficiencias el nuevo Sistema de Justicia Penal en Veracruz

El nuevo Sistema de Justicia Penal entró en vigor el sábado 18 de junio, sin embargo en Veracruz, dicho modelo operará “a medias y con deficiencias”.

El esquema está diseñado para ofrecer diversos beneficios como la reducción de tiempos en los procesos, atención a las víctimas, reparación del daño, derechos controlados, así como posibilidad para los indiciados para seguir los procesos en libertad, si el delito del que se les acusa no es grave.

En la entidad, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, aceptó que hasta la fecha no se cuenta con salas apropiadas, ni recursos técnicos para los juicios orales.

Dijo que la incursión de los 21 distritos judiciales prácticamente es sin capacitación y sin la infraestructura adecuada por falta de recursos.

En general, admitió la falta preparación de abogados, jueces, defensores, ministerios públicos y de los actores jurídicos del sistema.

Abogados, jueces, defensores, ministerios públicos y policías ignorantes

El abogado penalista especializado en litigación oral Tomás Mundo Arriasa, dijo que en Veracruz, la escasa o deficiente capacitación en el nuevo sistema penal adversarial acusatorio traerá como grave riesgo “que delincuentes queden en libertad y que inocentes pasen años en la cárcel pagando por delitos que jamás cometieron”.

De igual forma, resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE), prácticamente a diario viola el debido proceso de las personas involucradas en la comisión de un delito, cuando ni siquiera cuentan con las pruebas suficientes y los exhibe como delincuentes.

Lamentó que por parte del Poder Judicial se ha dado capacitación a jueces y defensores públicos, pero a través de “falsos profetas” que nunca han participado en un solo juicio oral y únicamente se dedican a elaborar cursos, por los cuales cobran grandes sumas, y al final no aportan nada positivo al sistema judicial veracruzano.

Estos aspectos, dijo que hoy en día está generando que delincuentes que son aprehendidos, pero por no respetarles el debido proceso quedan en libertad, porque el juez ya no analiza si es culpable o no, sino que se empieza si fue detenido bajo el respeto a los derechos humanos y si las pruebas fueron obtenidas de manera legal.

Aunado a esto, también existe desconocimiento de algunos jueces que sólo toman en cuenta las confesiones obtenidas bajo tortura por parte de la Fiscalía General del Estado para dictar sentencias, con lo cual inocentes están purgando condenas por delitos no cometidos.

Tomás Mundo Arriasa comentó que son pocos los abogados en México que se han capacitado y certificado para llevar a cabo la representación en un juicio oral, ante lo cual existe mucha improvisación.

Las salas de juicios orales operan con lo mínimo

Las  Sala de Juicios Orales, deben contar con sistema de sonorización, videograbación y videovigilancia, además de personal de diversas áreas, en el caso de Veracruz, muchas de los inmuebles que se dispusieron para tales fines, apenas, cuenta con los requerimientos mínimos.

El presidente del Colegio de Abogados en Veracruz, Francisco Ramírez Llaca, denunció que las oficinas son rentadas, improvisadas y serán insuficientes para llevar a cabo estos procesos legales.

“Hicimos un recorrido los diferentes presidente de los colegios y barras y vimos que sólo son dos salas de juicios orales, improvisadas que no reúnen los requisitos que desde hace ocho años están establecidos por la CETEG. Si les hubieran dicho hace seis meses se les entiende que les agarro las carreras pero hace ocho se vienen impulsando. Son insuficientes e inadecuadas”, expresó.

Ramírez Llaca recordó que en el distrito Judicial de Veracruz existen seis juzgados penales y consideró que al existir sólo dos salas de juicios orales se generará un “cuello de botella” que retrasará el desahogo de los juicios.

El abogado lamentó que las autoridades encargadas de construir la infraestructura necesaria para este Nuevo Sistema Penal hayan improvisado al respecto, pese a que tuvieron un importante margen de tiempo para construir o acondicionar espacios para implementar este sistema con el que se pretende reducir el tiempo de litigio y crear un espacio más ameno y cómodo para el desahogo de los juicios para beneficio de los involucrados.

Se perdió el dinero que etiquetó el Congreso local

En el 2015, el Congreso Local etiquetó mil 700 millones de pesos para la instauración de los juicios orales en Veracruz de los cuales se ejercieron mil 500, sin embargo, 200 millones de pesos “se perdieron”.

Lo anterior denunció el diputado local panista, Alejandro Zairick Morante quien indicó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), afirma haber depositado el dinero a la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y por su parte, ésta dependencia niega que el dinero le haya sido ministrado.

Las fechas fatales para Duarte

En enero del 2016, María de los Ángeles Fromow Rangel, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a Nivel Federal, advirtió que no habría prórroga para ningún estado en la implementación de este nuevo marco legal.

En el caso de Veracruz, refirió que se encontraba situado en el lugar número 13 en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) de un total de 31 entidades y la Ciudad de México, con una calificación estimada en 6.5 al ser evaluado en más de 500 indicadores.

 Además remarcó que se llevaba un avance del 81 por ciento en el estado pues sólo faltan dos Distritos Judiciales por aplicar este nuevo esquema de impartición de justicia.

La funcionaria federal dio a conocer que la entidad podía ejercer durante el primer trimestre de este año para este propósito, una cifra cercana a los 300 millones de pesos, provenientes de la Federación y las arcas estatales, mediante un sistema de copago, subsidio y aportaciones directas.

“La Federación aportaría de manera directa 100 millones de pesos; el Gobierno del Estado 100 millones adicionales; otros 59 millones serían de un equivalente al 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo monto en la entidad asciende a 280 millones en total, y la Setec aportaría otros 24 millones; se prevé que a partir del 15 de febrero estos recursos se manejarán a través de un fideicomiso, una vez que los entes ejecutores determinen dónde destinarlos” explicó.

Insistió en que desde la federación se daría seguimiento para que la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) ponga la parte que le corresponde en cuanto a los recursos económicos y cumplir en tiempo.

“El 15 de febrero estarían depositados, es el compromiso del gobernador Javier Duarte; el Gobierno Federal dará puntual seguimiento porque es una prioridad del Presidente que este sistema se aplique en todo el país”.

El gobernador Duarte no pagó

Este miércoles 15 de junio, cinco meses después de que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, prometió pagar, no lo hizo.

Durante una reunión entre  Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz  y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, estos  expusieron que existe el riesgo de perder 100 millones de pesos que la administración estatal adeuda de pesos de recursos bipartitas para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Yunes prometió pedir una prórroga al gobierno federal, con la finalidad que esperen hasta el mes de diciembre para que se cumpla con la entrega de los recursos y cumplir al 100 por ciento con la implementación de esta Reforma.