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Ordena Juez a PGR reabrir caso Tlatlaya ante omisiones en investigación

Sergio Ramírez 2017-08-15 - 17:45:51

El juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) a reabrir el caso Tlatlaya, ya que hubo omisiones en las indagatorias sobre la ejecución sumaria de civiles perpetrada hace tres años por militares en el Estado de México.

El Poder Judicial concedió un amparo a Clara Gómez, madre de una menor víctima de la masacre, quien exigió una investigación completa sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014, además de la alteración de la escena por parte de los elementos del Ejército, la dilación de la procuraduría estatal y la actuación y órdenes de los mandos castrenses.

La determinación del impartidor de justicia fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya y que el Ejército presentó inicialmente como un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada.

Debido a las omisiones de la Procuraduría se permitió la liberación de los únicos tres implicados en el caso, por lo que la señora Gómez se inconformó con la decisión y solicitó la protección de la justicia para que la dependencia haga una investigación exhaustiva de los hechos.

Cabe mencionar que en dichos sucesos murieron 22 personas, ocho de las cuales fueron ejecutadas después del enfrentamiento, de acuerdo con las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La resolución del juzgado Décimo Cuarto establece que la Procuraduría General deberá informar si tiene alguna indagatoria pendiente y, de ser el caso, señale de forma pormenorizada las diligencias que considere necesarias para tener nuevos elementos que esclarezcan lo ocurrido.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó en su momento que se trató de un enfrentamiento que ocurrió cuando una patrulla militar pasaba por el lugar.

Por los hechos, la dependencia castrense consignó a siete efectivos, pero solo tres fueron procesados: Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, por alterar la escena del crimen. Sin embargo, fueron puestos en libertad después de que la PGR no demostró su responsabilidad.


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