Denuncian defraudación de más de 1.3 mdp en Colegio Vermont S.C.

Cientos de niños del Colegio Vermont S.C. podrían ver afectados sus estudios, debido al incumplimiento en el pago de deudas por parte del propietario y/o representante Hernán Basserer Cué, quien, después de tres años y con presunto tráfico de influencias, evade su responsabilidad de liquidar un préstamo de más de un millón 300 mil pesos.

Así lo denunció Leonardo Pacheco, uno de los acreedores del colegio, quien presentó una demanda civil en la vía ejecutiva mercantil, el 3 de diciembre de 2014, reclamando el pago de 1´397,342.50, más intereses moratorios del 4.5 por ciento mensual sobre el capital reclamado. Este monto fue recibido por el Colegio Vermont y su propietario en préstamo, negándose posteriormente a pagar sus deudas, explicó el señor Pacheco.

Informó que en el proceso judicial iniciado hace tres años, ante el juzgado 63 civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyo titular es Miguel Ángel Robles Villegas, logró que tanto las cuentas bancarias de dicho colegio, así como las colegiaturas y cualquier tipo de activo sean embargados, para garantizar el pago de las deudas.

No obstante que dicho embargo subsistió por más de un año, de forma inexplicable y obscura, el juez Robles Villegas lo levantó en una ocasión, lo cual fue revocado por su superior jerárquico, advirtiendo la notoria ilegalidad de su determinación con lo que dejó a salvo y subsistente el embargo.

“Lo que menos queremos es afectar la educación de cientos de menores por la falta de moral del representante y/o propietario del Colegio Vermont S.C., y que los estudiantes puedan desarrollarse en un ambiente de armonía paz y tranquilidad, sin que fueran utilizados por los dueños de esa escuela”, aseguró.

Leonardo Pacheco subrayó que se han presentado diversas inconsistencias en el proceso judicial, los cuales, consideró, lo alargaron injustificadamente en beneficio de los deudores.

Ejemplificó el constante retraso en el dictado de determinaciones de trámite (no obstante que deberían dictarse en tres o cinco días, se hacen en tres o cuatro semanas, argumentando que el expediente se encuentra en fotocopiado), la tardía entrega de oficios, así como la omisión en acordar medidas necesarias, para que Hernán Basserer cumpla con los requerimientos de información.

Entre las solicitudes no atendidas por el representante del colegio, abundó Leonardo Pacheco, están: el inventario de sus bienes, de los del colegio, declaraciones fiscales, cuentas por cobrar por concepto de colegiaturas, por ejemplo. Todas estas omisiones, inconsistencias y negativas podrían ser consideradas como faltas graves, las cuales constituyen el delito cometido por la administración de justicia en contra de particulares.

Acusó también que en las diligencias donde debe existir una secrecía y confidencialidad entre el juzgador y la parte actora, los demandados extrañamente tienen conocimiento de los días que se efectuarán, con lo que obstaculizan el correcto desarrollo de las mismas.

Pacheco puntualizó que el Colegio Vermont S.C. y su representante cometen diversos actos ilegales que pueden configurar el delito de fraude en perjuicio de acreedores, como abrir nuevas cuentas bancarias a nombre de sociedades ajenas, solicitando a los padres de familia que paguen las colegiaturas en esas mismas, lo que constituye también evasión fiscal.