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Se cuadriplica el presupuesto para la partidocracia en Puebla

Fernando Pérez Corona 2017-08-28 - 07:04:48

Puebla pasó de un presupuesto para partidos de 79.5 millones de pesos asignado en 2010, cuando fueron electos gobernador, diputados y presidentes municipales, a otro de 299.5 millones en 2016, cuando fue definido el actual mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, y con miras a que en 2018 se supere la cifra de 310 millones de pesos.

En 2018, en Puebla casi se cuadruplicará el presupuesto público para partidos políticos respecto a lo destinado en 2010, como consecuencia de las reformas electorales federal y estatal más recientes.

De esta manera, para el próximo año, los partidos tendrán un presupuesto general de casi 12 mil millones de pesos, después que el Instituto Nacional Electoral (INE) les autorizó seis mil 778 millones y a que a esta cantidad hay que sumar casi 5 mil 200 millones extras que provendrán de los erarios locales.

Cabe recordar que el presupuesto aprobado por el INE está dividido en dos partes: 4.2 mil millones de pesos para gasto ordinario y 2.1 mil millones para gasto de campaña.

La primera cantidad fue definida por la fórmula establecida en la Ley General de Partidos Políticos, la cual establece que el gasto ordinario debe obtenerse tras la multiplicación de 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) —que sustituyó al salario mínimo en 2016 y que asciende a 75. 49 pesos diarios—, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral —87 millones 317 mil 602—.

La segunda representa 50% de este monto, como un apoyo extraordinario debido a que habrá elección presidencial (se da 30% más cuando sólo hay comicios para diputados federales y senadores).

Resulta necesario destacar que los recursos para los partidos han aumentado constante desde 2014, cuando recibieron 6 mil 195 millones de pesos. En 2015, al empezar a aplicarse la fórmula incluida en la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión y que fue producto del Pacto por México, obtuvieron 9 mil 649 millones (56 por ciento más, como consecuencia de los recursos extraordinarios previstos para elección de legisladores). El año pasado, recibieron 8 mil 447 millones (30% más que lo obtenido dos años antes).

Cabe también recordar que desde hace tres años, esta ecuación también aplica en todos las entidades federativas, lo que representa casi 45 por ciento más de dinero para los partidos.

Partidocracia abusiva

Por lo anterior, Puebla pasó de un presupuesto para partidos de 79.5 millones de pesos asignado en 2010, cuando fueron electos gobernador, diputados y presidentes municipales, a otro de 299.5 millones en 2016, cuando fue definido el actual mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, y con miras a que en 2018 se supere la cifra de 310 millones de pesos.

Y es que, pese a la Reforma Política que les garantizó triplicar sus recursos y pasar de 52.9 millones a 196 millones de pesos entre 2014 y 2015, no hubo modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla (Coipeep), específicamente para derogar el inciso II del artículo 47, el cual establece: "Para las actividades tendientes a la obtención del voto, en el año en que se trate de elección para el cargo de Gobernador, así como para la renovación del Congreso del Estado y de los miembros de los Ayuntamientos, cada partido político recibirá financiamiento público  por un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento  público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año (...)".

De esta manera, los partidos obtuvieron 199.3 millones de pesos de financiamiento público en 2016, más otros 100.3 millones que les concedió el apartado referido de la legislación local, porque se llevaría a cabo elección de gobernador.

Posponen cambios hasta después de la elección 2018

Ante este oneroso escenario, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), Jacinto Herrera Serrallonga, consideró que el esquema de financiamiento a los partidos políticos en el país puede cambiar después del proceso electoral de 2018, ya que las leyes en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos deben ser progresivas y por tanto adaptarse a los contextos históricos, políticos y sociales en beneficio de la sociedad.

Al participar este jueves en el XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales que organiza la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, destacó que hay propuestas tendientes a reestructurar el financiamiento a partir de un perfil basado en la auténtica productividad de los partidos políticos.

Según un comunicado del IEEP, Herrera Serrallonga consideró que "los ingresos deberían estar fundamentados en su capacidad para lograr electores autentificados por su sufragio y no con base a fórmulas que ocultan su capacidad para lograr resultados".

Resulta obligado resaltar que en este sentido está la propuesta de la Red de Alianzas de "Sin voto no hay dinero", de acuerdo a lo expuesto por su representante local, Alberto Merlo Martínez, quien calificó como "escandalosa" la cantidad de dinero destinado para los partidos, pues está definida por el tamaño del padrón electoral.

Con esta visión, el pasado 28 de julio, presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar el Coipeep, la cual propone una fórmula de repartición basada en la votación válida efectiva, lo que reduciría el gasto en años electorales concurrentes de 300 a 100 millones de pesos, y en comicios intermedios de 200 a 100 millones de pesos.

En entrevista, refirió que en otros estados hay propuestas centradas en reducir el porcentaje base de 65 por ciento de la UMA; sin embargo, subrayó que deja al margen la importancia de incrementar la participación ciudadana en los comicios.

"No es un tema de austeridad, solamente, sino también de reconstruir el vínculo roto de la representación política, pues por algo los partidos están en su zona de confort, en la cual no importa cuántas personas los voten, ya tienen asegurado un botín, porque la fórmula se aplica por el padrón electoral y no los por los votos que generan".

Merlo Martínez apostó a que este cambio ponga a prueba la creatividad, eficiencia  y capacidad de partidos, cuya evaluación sería su nivel de votos, "que me parece es un tema súper urgente, sobre todo en nuestro país, donde el abstencionismo promedia 50 por ciento, aunque llega, en algunas consignes, hasta 70%", dijo.

La propuesta entró a la LIX Legislatura a través de la diputada local refiera, Socorro Quezada Tiempo y una semana antes de vencer el plazo que permitiera cambios al Coipeep aplicables en los comicios de 2018; sin embargo, el planteamiento pasó a comisiones para su análisis.

Sobre el tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, explicó que el tema puede ser declarado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tes ser impugnada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que dejó en claro que la idea esperará esta resolución para después ser abordada en el ámbito poblano, donde esperan las elecciones más caras de la historia.