Gobierno contrata a empresas fantasma y desvía millones

De acuerdo a un reportaje de Animal Político, publicado la noche de este lunes, entre 2013 y 2014, el Gobierno de México desvió 192 millones de dólares a empresas fantasma, compañías que no existen.

El dinero salió de diferentes organismos públicos como la Secretaria de Desarrollo Social, el FOVISSSTE -uno de los dos seguros sociales mexicanos-, el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex. En total, 11 instituciones. El dinero desapareció.

Los investigadores sostienen que hasta ocho universidades públicas sirvieron de intermediarias para el desvío, algunas tan importantes como la Universidad Autónoma del Estado de México, la región más poblada del país. El esquema de desvío fue transversal al Gobierno de Peña Nieto y afecta, sobre todo, a la Secretaría de Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los años de Emilio Lozoya y Juan José Suárez. También afectó al Banco Nacional de Obras, cuando estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México. Son, en total, 11 organismos públicos.

En México, la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a licitar sus contratos de obras y servicios. Es decir, que la secretaría que necesita algo arma un concurso entre empresas, la mejor gana y pasa a integrar la nómina de proveedores del Gobierno. La ley permite que el sector público obvie la licitación si contrata con universidades. En vez de sacar a concurso una obra, firma un convenio con una universidad y esta se encarga. La universidad debe realizar al menos el 51% del servicio contratado.

Las universidades firmaron en esos años 73 convenios con el sector público, acuerdos que les obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban una comisión y subcontrataban con empresas. En muchos casos, según los investigadores, las empresas ni siquiera existían. Solo por intermediar, las universidades se habrían quedado 56 millones de dólares en concepto de comisiones.

Estos 73 convenios derivaron en contratos con 186 empresas. Aunque el dinero desviado asciende a 192 millones de dólares, esas 186 empresas recibieron en total 429 millones de dólares en contratos.

La investigación apunta que las empresas no tenían nada que ver con los servicios para los que las contrataban. En 2013, El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, destinó 12 millones de dólares para simplificar la burocracia de los créditos hipotecarios. Quería aligerar el proceso para que los empleados públicos accedieran al dinero con mayor facilidad. El FOVISSSTE firmó cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta ahí todo legal. La universidad debería haber armado una propuesta para el organismo, pero en vez de eso, subcontrató parte de los trabajos con Interamericana de Negocios y Comercio, que se dedica, según su acta constitutiva, a la venta de zapatos.

También contrató a tres empresas, investigadas por el SAT por operaciones irregulares. Y a otras tres que no están registradas ante la Secretaría de Economía. En 2013, la Auditoria Superior de la Federación concluyó que no había pruebas de que los trabajos se hubieran realizado.

Petróleos Mexicanos, Pemex, firmó 39 de los 73 convenios con seis universidades del sur de México. La paraestatal repartió decenas de millones de dólares entre los centros, que estos a su vez, después de agenciarse la comisión, transfirieron a empresas. Según la investigación, algunas ni siquiera existían. 

Este esquema de presunta corrupción inició en el Gobierno de Felipe Calderón y ha seguido con el de Peña Nieto.