Mercaderes del poder habitan en el Congreso tlaxcalteca

Tlaxcala registra en los tres últimos periodos a las peores legislaturas de su historia, diputadas y diputados iniciaron sus actos de corrupción al aceptar 60 mil pesos mensuales para “gestión social”, que la mayoría de las veces nadie sabe dónde van a parar.

Con honrosas excepciones, la mayoría de los actuales 25 legisladores tlaxcaltecas han impuesto su ley a los poderes y municipios que no escapan a su implacable fiscalización de los recursos que recibe Tlaxcala de la Federación.

Prueba de ello es la aprobación de la cuenta pública de la pasada administración, que pese a irregularidades e inconsistencias fue palomeada sin chistar, en contraste reprobaron a cuenta de 23 presidencias municipales.

En la entidad para nadie es un secreto que por sexenios diputadas y diputados locales han simulado independencia total de la voluntad del Ejecutivo, que a fuerza de otorgarles recursos económicos, el gobernador en turno siempre se sale con la suya.

Al mismo tiempo, diputados y diputadas en su mayoría solo utilizan el cargo como trampolín para sus ambiciones personales y en este 2017 con mayor razón, ya que su gestión tendrá solamente una duración de 1 año y 8 meses.

Este corto tiempo es el que ha convertido a los legisladores tlaxcaltecas en verdaderos mercaderes de las leyes, ya que les urge llevar a sus cuentas bancarias lo más que se pueda, porque para algunos de ellos no habrá otra oportunidad.

Ante este panorama, tibiamente el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Juan Carlos Sánchez García, advirtió a los integrantes de la actual Legislatura local que quienes no comprueben el destino de los recursos que reciben para gestión social, estos les serán suspendidos.

Dijo que por tratarse de recursos públicos, los diputados están más que obligados a comprobar el uso que le dan a los más de 60 mil pesos que reciben para gestión social, pero nadie le hace caso.

Acusaciones de corrupción en la cámara de diputados

El exdiputado local y actual dirigente de Movimiento Ciudadano, Refugio Rivas Corona denunció que “es evidente que existe una fuerte corrupción en el Congreso del Estado de Tlaxcala”.

Sostiene que la corrupción se desarrolla cada día, por intereses económicos y políticos de los que ostentan el poder en la entidad y señaló que resulta indignante que sean las propias instituciones que se encargan de diseñar las normas, de desarrollarlas e implementarlas, las que tienen una alta corrupción en sus entrañas.

Explicó que la percepción que tienen los tlaxcaltecas hoy, es que la corrupción en lugar de ceder en el sector público va en aumento y, lo peor, no se avizoran soluciones a la vista, “es la misma ciudadanía la que debe exigir cambios de fondo así como lo hacen en algunas partes del mundo”, recomendó.

Dijo que el salario que tienen los diputados, les da la oportunidad de vivir dignamente, “no hay necesidad de hacer negociaciones turbias, pero muchos no son transparentes, se prestan al chantaje, a la corrupción y sobre todo aquellos que defienden los intereses del gobernador, esa es la triste realidad en Tlaxcala”.

Rivas Corona, expresó que basta preguntarse el por qué hay tanto dinero y tan pocos resultados, “la rendición de cuentas se basa justamente en eso, en contar con toda esa evidencia, información actualizada, indicadores, que nos permitan encontrar una explicación a esto”, finalizó.

De esta forma y también mediante cañonazos de hasta 400 mil pesos en otras administraciones, el Ejecutivo ha doblado conciencias y posturas en contra de sus iniciativas, por lo que una vez que las y los diputados aprendieron el camino, se hacen del rogar, pero siempre aprueban las iniciativas.

Es el caso de esta LXII Legislatura local, que a cambio de no oponer resistencia, salvo en algunos casos como el de la bancada panista, de inmediato aprobaron la iniciativa para reelegirse hasta en cuatro ocasiones.

Ahora mismo, ante el panorama electoral, diputadas y diputados de la LXII Legislatura local han convertido al Palacio Legislativo, en un navío pirata, al que solo le faltaría agregarle una gran bandera negra con su calavera y tibias cruzadas.

Cuales piratas, bucaneros o corsarios y corsarias de mirada fiera y altiva, unos tuertos y otros no tanto, todos portan el puñal de la traición a los ciudadanos, a quienes confiaron en ellos y hasta los apoyaron para llegar a donde están.

Hoy, esta “Patente de Corzo” se llama fuero o  constancia de mayoría, documento por el cual el diputado propietario adquiere permiso de la autoridad para atacar municipios y entes fiscalizables enemigos.

EL Congreso secuestrado por intereses políticos y electorales

Desde el inicio de esta LXII Legislatura, destaca el acuerdo entre las bancadas del PRI y PRD, para repartirse los órganos administrativos y las comisiones del Congreso local, en el que participó en menor medida el grupo parlamentario panista.

Es así como el PRD se queda con la preciada Secretaria Parlamentaria y la presidencia de la Comisión de Finanzas y de la Comisión Electoral.

El nombramiento de Mariano González Aguirre como coordinador de la bancada del PRI y presidente de la Junta de Coordinación, fue recibida como la señal de que el “marianismo” seguía teniendo el poder político en el estado de Tlaxcala.

La presencia en el Congreso de los diputados Héctor Ortíz (PAC) y Guadalupe Sánchez Santiago (PAN), generó especulaciones de protagonismo y confrontación, que finalmente no se cumplieron.

Sobre ruedas marcharon acuerdos para el monto de las dietas de los 25 diputados, y como mayor acuerdo el Sistema Estatal Anticorrupción (SAE), propuesto por el gobernador Marco Mena.

Sin embargo una LXII Legislatura tan corta, de 1 año y 8 meses, la cercanía de la elección federal y la renovación del propio Congreso local, adelantaron las tensiones y las fracturas.

En la competencia por los reflectores, los diputados protagonistas destaparon la cloaca de Congreso, señalando que los exdiputados de la LXI Legislatura incurrieron en el delito de evasión fiscal, que podría llegar a rebasar el monto de 15 millones de pesos y en los que estarían involucrados el propio gobernador del estado, el actual presidente del PRI y precandidatas y candidatos como Eréndira Jiménez.

El diputado Alberto Amaro (PRD), puso el dedo en la llaga en diversos temas de fiscalización y ha adoptado, una postura dura e intransigente, sobre todo con los municipios, pero ha mantenido absoluto silencio de las cuentas del Ejecutivo que fue aprobada sin oposición alguna.

En tanto, el diputado priista Ignacio Ramírez Sánchez reconoció ante medios de comunicación que los tiempos electorales se adelantaron en el Congreso local y por ello, todas y cada una de las acciones que se desahoguen en el Poder Legislativo pueden ser rehenes de los intereses políticos de la oposición.

Luego de que en sesiones extraordinarias del Congreso local se hayan polarizado las posiciones entre diputados, como fueron los casos de la validación de reformas al Código Financiero para restituir la distribución de excedentes de las participaciones federales entre los poderes y la aprobación, por mayoría, del Plan Estatal de Desarrollo, el priista estimó que esa será la nueva forma de trabajo en el Legislativo.

“Creo que cada vez que se acerque el proceso electoral, más ríspido se van a poner las cosas, porque aquí estamos representados todos los partidos y lo que hagan o dejen de hacer tiene sus repercusiones”, destacó.

Abundó que con ese tipo de posiciones se afecta la labor y el desempeño de la LXII Legislatura, porque “malamente se están adelantando los tiempos electorales, y aunque nosotros tenemos una responsabilidad de 1 año y 8 meses, es triste que el buen trabajo que llevamos solo haya durado 6 meses”.

Tlaxcala con el Poder Legislativo más improductivo del país: IMCO

El estado tuvo en 2016, al Congreso local más improductivo del país, al situarse en el último lugar de 32 parlamentos estatales, con el menor número de iniciativas presentadas ante el pleno, con únicamente cuatro propuestas.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en su informe relacionado con la productividad legislativa, señala que Tlaxcala se ubicó a 970 iniciativas de distancia que fueron desahogadas por sus pares del estado de Jalisco, que se ubicó como el Congreso con mayor productividad.

En el informe, que presentó el IMCO, también puso en evidencia a los excongresistas, quienes en el último año de su mandato constitucional, ejercieron un “presupuesto de juguete”, ya que gastaron 17.8 por ciento más de recursos de los que tenían presupuestados en el decreto en la materia.

Sostiene el IMCO “los diputados del Congreso de Tlaxcala, en el ejercicio fiscal 2016, etiquetaron 32 millones de pesos del presupuesto del Poder Legislativo asignando un millón a cada uno de los diputados de esa legislatura para obras e infraestructura social”.

CONGRESO ESTATAL Tlaxcala

DIPUTADOS 25

SALARIO MENSUAL DE CADA DIPUTADO $34,237.70

CADA HABITANTE PAGA POR EL SUELDO DE SU DIPUTADO: $7.93

ESTO AUMENTÓ EL PRESUPUESTO PARA LOS DIPUTADOS DESDE 2012: -3.92%

CADA DIPUTADO TIENE UN PRESUPUESTO DE $7,607,640.00

En Tlaxcala, los 32 diputados locales que existieron en la última legislatura se les fue asignada una cantidad de un millón de pesos para su ejercicio en obras o acciones de la infraestructura social, sin embargo cada diputado es quien define los programas u obras de apoyo.

El informe señala que hacia el 30 de mayo, 18 congresos no integraron su información para dar a conocer las remuneraciones de sus diputados como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se desconoce el destino del dinero público en Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.

Mientras en Tlaxcala, los legisladores reciben cerca de 100 mil pesos y los legisladores mejor remunerados son los chihuahuenses con cifras superiores a los 200 mil pesos mensuales.

Así los diputados tlaxcaltecas, durante 2016, no efectuaron ninguna comparecencia a secretarios del Poder Ejecutivo, mismas que tiene la finalidad de dar a conocer si cumplen o no de manera eficiente.