Rechazan senadores poblanos frenar explotación del subsuelo

"La mayoria de los senadores poblanos le abrieron las puertas al 'fracking', una técnica que parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo", aseguró José Luis Bello, integrante de la Asamblea Social del Agua.

El integrante de la asamblea agregó que, al negarse a firmar la acción que frena esa medida, desactivan la acción de inconstitucionalidad en contra de los lineamientos de la CONAGUA, que autoriza a aguas nacionales para la fractura hidráulica.

Solamente dos senadores poblanos, Manuel Bartlett Díaz y Blanca Alcalá Ruíz, firmaron la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, la gran mayoría de ellos avalan la instalación de casi 10 mil proyectos de 'fracking' que ya están concesionados para el estado de Puebla, aunque hay espacio para unos 20 mil proyectos -en total- en todo el territorio estatal.

María Eugenia Ochoa, también integrante de la ASA, denunció que los senadores poblanos que no firmaron la propuesta se convierten en cómplices, ya que al negarse a respaldar la acción de inconstitucionalidad, se convierten en actores omisos para frenar esos proyectos, los cuales buscan ubicarse en tierras de la Sierra Norte del estado de Puebla.

Los lineamientos propuestos son violatorios de los artículos 1, sobre derechos humanos; 2, sobre derechos de los pueblos indígenas; 4, sobre el derecho al agua, a la salud y a tener un medio ambiente sano; y al artículo 27, sobre la protección de aguas nacionales, por lo que existe una total afectación a los derechos humanos de los habitantes del territorio poblano.

José Luis Bello recordó que la acción de inconstitucionalidad argumenta que los lineamientos representan un intento de legislar por parte del poder ejecutivo, dado que crea un estado de excepción en torno a los acuíferos "supuestamente" independientes, de los que están oficialmente reconocidos por la Comisión Nacional del Agua.

Además, el agua de esos acuíferos, descubiertos y acreditados por las propias empresas petroleras, podría ser utilizada y contaminada por las actividades del 'fracking', sin tener que respetar los decretos de veda y los dictámenes de no disponibilidad ni las normas que protegen la calidad del agua.