Elementos de la Policía Estatal de Veracruz dispersaron a golpes a un grupo de 40 padres y madres de familia de la comunidad Ojito de Matamoros, quienes mantenían bloqueada una carretera local para exigir la presencia urgente de médicos en su poblado, luego de que 14 niños presentaran un cuadro de enfermedad respiratoria aguda y vómito.
Elementos de la Policía Estatal de Veracruz dispersaron a golpes a un grupo de 40 padres y madres de familia de la comunidad Ojito de Matamoros, quienes mantenían bloqueada una carretera local para exigir la presencia urgente de médicos en su poblado, luego de que 14 niños presentaran un cuadro de enfermedad respiratoria aguda y vómito.
Tal como informó el organismo civil Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), dos de estos niños fallecieron la semana pasada, luego de que se les negara atención en el Hospital Regional de Entabladero.
#Video: @SP_Veracruz, por orden de @YoconYunes, desaloja a manifestantes que pedían atención médica para sus hijos en #Coxquihui #Veracruz. pic.twitter.com/FTzPr1QnaR
— ONEA México (@oneamexico) 10 de octubre de 2017
Una ficha informativa difundida por los Servicios de Salud del gobierno de Veracruz asegura que ese mismo 7 de octubre fue enviada una brigada de médicos y personal auxiliar a la comunidad Ojito de Matamoros, que realizó 86 consultas médicas entre la población. Asimismo, reportó que 12 menores fueron enviados al Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Poza Rica, 11 de los cuales fueron dados de alta, tras diagnosticarles amigdalitis, rinofaringitis e infección respiratoria aguda.
La ficha informativa de los Servicios de Salud estatales no hace ninguna mención a los dos niños presuntamente fallecidos la semana pasada.
Esta brigada médica, cabe destacar, se fue de Ojito de Matamoros al día siguiente de su llegada, por lo que los habitantes de esta localidad bloquearon nuevamente la carretera, ya que, explicó la representante de la RUDH, “los médicos solamente revisaron a una parte de la población, hubo niños a los que no revisaron, y se fueron sin determinar de qué tipo de enfermedad estamos hablando, además de que no dejaron medicamentos”.
Además, denunció, “el personal de salud responsabilizó a las familias, diciéndoles que todo era un tema de falta de higiene, que por eso estaban enfermos”.
Aunque el objetivo de este nuevo bloqueo carretero, detalló, instalado el 8 de octubre, era hacer que volvieran los médicos a la comunidad, esta vez, quienes llegaron al poblado fueron alrededor de 30 patrullas de la Policía Estatal, cuyos tripulantes arremetieron contra las familias de los menores enfermos.
“Hacia las seis de la tarde se presentó personal de la policía estatal –señaló la defensora de derechos humanos– y los replegó a golpes. Se contabilizaron 33 patrullas, aunque los familiares eran un grupo de menos de 40 personas, principalmente familias de los niños enfermos, y luego de replegarlos, los policías se introdujeron a varios domicilios, amenazaron a la gente, incluso detonaron armas, y se llevaron detenidas a seis personas.”
De esas seis personas detenidas, tres fueron liberadas durante la madrugada del martes 10 de octubre, y tres continuaban privadas de la libertad.
“Hasta ahora no hemos podido confirmar si ya las presentaron ante el Ministerio Público o dónde las tienen –denunció la representante de la RUDH–, para nosotros están desaparecidas esas personas.”
En la región del Totonacapan, concluyó, la violación al derecho a la atención médica es un problema sistemático, denunciado desde hace al menos cinco años, y que no ha sido atendido por ninguna autoridad, ni estatal ni local.
Con información de Animal Político
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