Sistemas de seguridad y procuración de justicia en crisis: Expertos

La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia confirmó que los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis.

“La confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza… La Consulta también refleja importantes problemas en la conducción de las instituciones para la transición plena hacia el modelo acusatorio. De igual manera, se perciben problemas en la organización de las instituciones y en los métodos de trabajo que emplean”, concluye la Consulta elaborada por el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Asimismo, señalan que “se perciben importantes dificultades para identificar a los órganos encargados de la definición y conducción de políticas orientadas a enfrentar los fenómenos delictivos en el país. Las indefiniciones del modelo federal de distribución de competencias contribuyen a la generación de incertidumbre y diluyen responsabilidades”.

“Los problemas antes señalados no se pueden corregir a corto plazo. Tampoco bastan los cambios en aspectos muy puntuales para corregir el rumbo. Resulta ingenuo e irresponsable ofrecer resultados positivos en lo inmediato. Estamos frente a un proyecto que tomará años para su ejecución, que requiere múltiples liderazgos y recursos suficientes, que debe explicitar sus objetivos, que está obligado a delinear su ruta de acción y fijar con claridad la forma en la que se evaluarán y rendirán cuenta de sus resultados”.

La Consulta también contó con la participación de las Barras y Colegios de Abogados del país, una docena de Universidades Públicas y privadas en todo el país, la Conago, el INE y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública.

El documento advierte que “cualquier ejercicio que pretenda reformar la operación de la procuración de justicia en el país debe necesariamente tomar en cuenta la complejidad del cambio, y la necesidad de mantener la investigación y persecución de los delitos. Para ello se necesita la articulación de un acuerdo nacional por la seguridad pública y la justicia penal que involucre a todos los operadores del sistema en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Desde luego que también se requiere una importante participación de la sociedad civil en este proceso”.

La Consulta se elaboró a través de mesas y consultas divididas en 8 ejes: Víctimas y derechos humanos, procuración de justicia y política criminal, procuración de justicia y seguridad pública, delincuencia organizada, modelo de investigación criminal, procuración de justicia y administración de justicia, operación, gestión y cambio en las instituciones de procuración de justicia y modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia.

Contó además, con la participación de 170 expertos de todo el país y con aportaciones de expertos de diez países que compartieron sus experiencias y mejores prácticas.

La Consulta se realizó a petición de la Procuraduría General de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Debe servir como base para la construcción, entre otras cosas del nuevo modelo de Fiscalía, así como la creación de un Código único de delitos penales.